En medio de la discución por el proyecto enviado por el Ejecutivo que permite viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, se conoció un nuevo dictamen. La Tercera Sala de la Corte Suprema definió que las isapres que subieron sus precios GES en octubre del año pasado, deberán rebajar sus cobros al nivel en que tenían antes fijado el precio GES, salvo aquellas isapres, como Consalud, que en el proceso anterior tenían un precio inferior a 7,2 UF. En ese caso, dichas isapres solo pueden subir el cobro hasta ese monto. Eso aplica para toda su cartera de afiliados. Además, la Suprema estableció que podría haber devoluciones si así lo define la Superintendencia de Salud.

De acuerdo al senador y presidente de la mentada comisión, Juan Luis Castro (PS), las autoridades deben aclarar el alcance del fallo en la discusión actual, pero desde ya adelanta que el mismo “le da una oportunidad a la ley corta de ser enriquecida porque habrá que hacerle mejoras y enmiendas precisamente para hacerse cargo del problema en su conjunto”.

Agrega que esta es una chance para que el Ejecutivo piense en cambios más profundos al sistema sanitario: “El camino hacia la reforma no puede perderse en la coyuntura. Estas circunstancias complejas y adversas deben hacer que el propio gobierno reflexione que la reforma de la salud sigue pendiente”.

¿Cómo afecta el fallo al escenario actual?

El precio final de un plan de isapre se construye en base al precio base, que ya generó una sentencia; a la tabla de factores, la que también resultó en un fallo controversial y razón por la que ahora se discute una ley corta; y ahora tenemos el fallo del GES. Es decir, todo está judicializado y este dictamen es el corolario de una larga historia de litigios de los afiliados hacia el sistema y que en algún momento la justicia y el poder legislativo tienen que abordar y ese momento ya llegó. Por esta razón cité a las autoridades de Salud a la comisión (para este lunes), porque los alcances jurídicos y financieros hay que aclararlos. Tampoco sabemos la conducta que tendrán las isapres, pues podrían apelar. Entonces, las autoridades nos tienen que indicar cómo en términos prácticos se traduce este fallo para las personas y para el sistema.

¿Es la lápida de las isapres?

Hay versiones muy catastróficas sobre lo que significa este último fallo. Yo no lo tengo absolutamente claro y por eso quiero entender exactamente los alcances en lo jurídico y lo financiero. Ya la vez anterior hubo una controversia jurídica al interior del propio Poder Judicial. Entonces, esto nunca está exento de nuevas derivadas y por eso la voz del ministro de Justicia es clave. Segundo, hay que aclarar los efectos financieros, pues hay gente que ha señalado que podría llegar hasta 600 millones de dólares si todos los que tuviesen derecho a reclamar, reclamaran y les fuere bien. Por eso, las certezas son las que necesito que las aclare el Ejecutivo, porque la Comisión de Salud va a hacer su mejor esfuerzo, pero no es milagrosa para inventar una solución mágica.

Se ha hablado que este fallo podría generar devoluciones que generarían costos millonarios a las aseguradoras. En ese contexto, ¿cuál es la viabilidad del sistema?

El sistema de isapres, más allá del monto del efecto final, tiene una crisis de legitimación y judicialización infinita. Recordemos que la judicialización viene de los mismos clientes que han tapizado las Cortes de Apelación en los últimos años porque están disconformes con sus precios de plan. Entonces, hay que evolucionar a un nuevo sistema, privado por supuesto, que complemente la columna vertebral pública. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿En qué condiciones? Hay varias interrogantes. Entonces, más que ponerle lápida al sistema, que no es lo que yo quisiera en ningún caso, nos interesa desde la Comisión de Salud a todos, desde la oposición al oficialismo, generar elementos nuevos que permitan salir de esta crisis en función de un sistema que mantenga una viabilidad, pero que al mismo tiempo cumpla un fallo.

¿Es posible encontrar una solución sin comprometer el sistema?

El poder judicial es autónomo. El poder legislativo puede inventar una gran arquitectura legislativa, pero si está fuera del margen del fallo, es ilegal. Entonces, este es un desfiladero estrecho, donde tenemos que circular buscando este equilibrio entre el cumplimiento de un fallo en lo legislativo y la protección de las personas que se han visto damnificadas o dañadas, en la sustentabilidad financiera del sistema. Muchas de ellas han migrado a Fonasa y eso es una situación también difícil, pues hay listas de espera y tiene un tiempo de atención más largo. En ese contexto, el Ejecutivo ha propuesto una nueva modalidad de cobertura complementaria que está en la tramitación de la ley, pero son todos hechos que van hacia el futuro. El tema es cómo nos hacemos cargo del presente, del futuro inmediato.

¿Cómo afecta este fallo a la discusión de la ley corta?

Yo creo que le da una oportunidad a la ley corta de ser enriquecida, porque habrá que hacerle mejoras y enmiendas precisamente para hacerse cargo del conjunto del problema. Todos los alcances de ese fallo hay que incorporarlos en una legislación que construya hacia el futuro y que evite la judicialización, pero que al mismo tiempo logre darle estabilidad al sistema, estabilidad que hoy es incierta.

Hay quienes dicen que el Poder Judicial está haciendo políticas públicas a través de estos fallos.

La discusión jurídica del ámbito de aplicación de los fallos de la Suprema ha sido motivo de discusión entre ellos mismos. Si no, recordemos la polémica entre la vocera y el resto de su propia Sala, que terminó como terminó. Luego vinieron distintos juristas que opinaron sobre el alcance de lo que hace la Corte Suprema. Yo no puedo entrar a calificar esos alcances, porque es un debate muy jurídico que no me corresponde hacerlo porque yo soy de otro poder del Estado. Me corresponde acatar el fallo, como al resto de la ciudadanía. El detalle hasta dónde la Suprema o no excede sus facultades no es mi tema de controversia.

¿Cómo va la discusión de la ley corta? ¿Alcanzan a tramitarla en el plazo establecido?

Estamos en tiempo y forma aún, porque en septiembre deberíamos tener ya definiciones de votación sobre el proyecto de ley corta en comisión y en sala, de manera tal que hacia fines de septiembre vaya rumbo hacia la Cámara de Diputados para el segundo trámite y así tenerla lista el 30 de noviembre, que es cuando entra en plena vigencia el fallo anterior. Es decir, hay tiempo por delante, no demasiado, pero tenemos al menos tres meses. Y si no hubiera ley en toda su magnitud, van a estar las definiciones esenciales que permitan la aplicación plena del fallo anterior.

En el contexto actual, ¿cuál es la necesidad de la reforma sanitaria?

Yo veo esto como una oportunidad para que también el gobierno no olvide que hay una reforma de salud comprometida en el programa de gobierno y que debe iniciarse, a lo menos, durante este periodo presidencial. Quedan dos años y medio de gobierno, ¿por qué vamos a olvidar ese compromiso que la ciudadanía demanda?

¿Cree que ha quedado en el olvido?

Todos entendemos que han habido complicaciones en la reforma tributaria o parálisis en la reforma de pensiones, pero no puede quedar traspapelada la reforma de la salud, el inicio al menos. Y por eso invoco, como presidente de la Comisión de Salud, que no dejemos pasar esta oportunidad de crisis en el sistema privado para mirar el conjunto, porque el conjunto requiere cambios que permitan salir de esta profunda desigualdad que la gente clama en nuestro país.