Resulta contraintuitivo mirar las cifras de liquidación de empresas y personas. Al mismo tiempo que el debate se centra en la necesidad de que el gobierno entregue más ayuda a través de subsidios u otro tipo de transferencias directas para que las empresas, especialmente de menor tamaño, puedan seguir adelante y enfrentar las nuevas demandas como el alza del salario mínimo, los procesos de liquidación de empresas y personas siguen en caída libre.

De acuerdo a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en abril los procesos de liquidación de empresas cayeron 38,5%, al registrar 88 solicitudes. Esta es la tercera baja consecutiva en torno a 40%. De hecho, la misma tendencia se refleja en las cifras de enero-abril, ya que hubo un retroceso de 37%, con 368 procesos en curso.

La explicación a este hecho no es una sola, pero la que se viene señalando desde mediados del año pasado apunta a que las medidas de liquidez entregadas por la administración anterior y los retiros de los fondos de pensiones, han servido como oxígeno para sobrellevar los efectos de la pandemia. Sin embargo, ahora se suman otros elementos para entender estas cifras.

Ricardo Ibáñez, socio de Defensa Deudores, afirma que otra de las razones que ayudan a explicar esta disminución de las liquidaciones son los requisitos que se piden. “Los procesos judiciales no se activan todavía. Los números de procesos han caído un 70% en relación a lo que había antes de la pandemia. La ley exige que la empresa tenga a lo menos dos demandas notificadas en su contra, cosa que muchos acreedores no han hecho, por lo que no se cumple con el requisito objetivo”.

Por este motivo, Ibáñez dice que las firmas, especialmente las micro y pequeñas, están optando por “bajar la cortina de su negocio sin darle un cierre formal a la empresa”. Enfatiza que “estamos muy lejos de que “estas cifras reflejen un escenario económico auspicioso”.

Una visión similar entrega Pedro Eguiguren, socio de Eguiguren Abogados, quien sostiene que “existen trabas y requisitos muy estrictos para acceder al procedimiento de liquidación. Uno es el hecho de que muchos tribunales exigen que existan dos o más juicios de cobro en contra de la persona o empresa. La dificultad que se presenta es que los acreedores de un deudor, por regla general, se demoran meses en iniciar juicios de cobro, con lo cual, al faltar este requisito, el deudor no puede iniciar el proceso”.

En ese contexto, subraya que el proyecto que se tramita en el Congreso, que busca modificar algunas normas de la ley de insolvencia, “elimina el requisito de tener juicios de cobro en contra de la empresa para solicitar la liquidación voluntaria. Esto permitirá mayor y más rápido acceso a ese procedimiento”.

Eguiguren también menciona que “muchas empresas endeudadas se limitan a cerrar las cortinas de sus negocios, sin nunca declarar formalmente la quiebra, pese a que es el procedimiento correcto y que mejor protege los intereses de los acreedores”.

En el caso de las liquidaciones de las personas deudoras, las cifras también muestran una tendencia a la baja. En abril, se desplomaron 51%, al registrar 180 procesos. Esta es la mayor caída de lo que va del año. Entre enero y abril la reducción fue de 46,7%, al sumar 767 inscripciones para liquidación.

Esta tendencia, según los expertos, debería comenzar a cambiar. ¿Cuándo? No se sabe exactamente, pero sí afirman que las sostenidas bajas no serán permanentes. El exsubsecretario de Economía, Tomás Flores, prevé que “con un crecimiento de 1,5% en 2022, y con un acceso al financiamiento más costoso, probablemente se eleve el número de empresas que deban acudir a este mecanismo”.

Eguiguren comenta que “todas las compañías, independiente de su tamaño, se verán afectadas por la inflación, con repercusiones diferentes, pues entran a jugar otros factores relevantes. No todas las empresas podrán soportar la recesión económica que se avecina, por lo que es probable pensar en un aumento considerable de procedimientos de liquidación de empresas y personas, lo que debería comenzar a manifestase en el segundo semestre de 2022″.

Para Ibáñez, en el segundo semestre se debería retomar la actividad normal de los tribunales civiles “,y ya hemos visto una tendencia al alza en esos procedimientos. Eso llevará a que, en el segundo semestre, y en especial, en el tercer trimestre los números de quiebras tiendan a aumentar”, afirma.