María Luisa Brahm: “Vamos a someter a votación, entonces, la petición del ministro Miguel Ángel Fernández para la realización de un pleno extraordinario, una sesión especial, en que se analice la situación a propósito del sumario Rol 1-2021 iniciado por la resolución dictada el 12 de marzo por el ministro Iván Aróstica”.
Rodrigo Pica: “Disculpe, ministra, ¿usted va a dirigir el debate de un tema en el que usted tiene interés, de un escrito presentado por su abogado?”.
María Luisa Brahm: “Sí”.
La escena, descrita por varios de los presentes, corresponde al pleno que se llevó a cabo este martes y en el que la presidenta del TC, María Luisa Brahm, sometió a conocimiento de los otros nueve ministros que integran el organismo un escrito que un día antes presentó su abogado, Luis Cordero, quien asumió su defensa tras la apertura de un sumario en su contra tras las denuncias de cuatro funcionarios y exfuncionarios del organismo por supuesto acoso laboral. El documento pide que se analice la existencia de eventuales infracciones en la apertura del proceso que anularían la indagatoria disciplinaria en su contra por supuestas graves vulneraciones de garantías.
“Vista del escrito presentado por el abogado Luis Cordero” se leía en la tabla de la reunión convocada para este martes. Uno de los primeros en tomar la palabra fue el ministro Miguel Ángel Fernández, quien es cercano a Brahm y uno de los jueces de lo que se considera su círculo de hierro. El magistrado solicitó un pleno extraordinario para analizar lo que expone la defensa de la presidenta del TC, que busca anular el sumario por acoso que instruyó Iván Aróstica. Durante una hora 45 minutos de debates y recriminaciones cruzadas, cinco ministros (Nelson Pozo, Cristián Letelier, Gonzalo García, Pía Silva y Fernández) estuvieron por la realización de una sesión especial para analizar los puntos alegados por la abogada en que se cuestiona el reglamento que regula sumarios por acoso, asegurando que no son aplicables a ministros del TC. Brahm no votó.
Cuatro ministros consultados aseguraron a La Tercera que ya está hecha la convocatoria. Sin embargo, hay quienes plantean que no se cumplió con el requisito, que para que el pleno adoptara ese acuerdo no se logró el quórum de ocho votos necesarios en una sesión en que estuvieron presentes los 10 ministros. Con todo, fue el propio Gonzalo García -quien estuvo por sesión especial- quien recordó que basta que tres ministros del TC lo pidan -según el Artículo 30 de la ley que los rige- para la celebración de un pleno extraordinario, y anunció que él y otros dos ministros lo pedirían, requerimiento que fue acogido como solicitud verbal por la secretaria del TC.
Quienes estaban presentes sostuvieron que uno de los ministros que ha sido férreo opositor de la presidencia de Brahm, el magistrado Juan Ignacio Vásquez, le advirtió a García que tuviera cuidado con lo que hiciera, pues él aparece mencionado en una de las denuncias, específicamente la presentada por el exjefe de Finanzas del TC Julio Ortiz.
Con todo, dicen cercanos a la presidenta, ya hay convocada una sesión extraordinaria pero, hasta el cierre de esta edición, aún no estaba clara la fecha en que se concretará.
Pugnas por reglas internas
“Solicitamos (...) determinar el alcance y ámbito de legítima aplicación del auto acordado que fija el reglamento para la investigación y determinación de responsabilidades disciplinarias (...). En el presente caso se está utilizando, en cambio, un estatuto íntegramente reglamentario que regula, para cualquier ministra o ministro de este tribunal, las conductas objeto de reproche, el procedimiento con que ellas se investigarán y las sanciones que puede aplicárseles”, se lee en el documento ingresado por la defensa de Brahm
Al interior del TC no pocos refutan la estrategia del abogado Cordero, asegurando que el auto acordado al que alude está firmado por la propia Brahm, data del 2016 e incluye a los ministros en las investigaciones sumarias. En el Artículo 2 se lee: “Este reglamento será aplicable a los ministros, funcionarios de planta, a los sujetos a contrato de trabajo y a los contratados en base a honorarios, en adelante todos funcionarios”. El documento está firmado por siete de los actuales ministros.
Varios jueces consultados dijeron que era poco prudente que Brahm dirigiera el debate de un escrito presentado por su abogado. Cuando el debate se acaloraba, el ministro Cristián Letelier llamó a la paz y a la concordia, según uno de los presentes, y fue ahí cuando tomó la palabra el ministro Juan José Romero, quien -según describen tres jueces- le preguntó a la presidenta: ¿Su intención es tapar las denuncias de los funcionarios?, sosteniendo que lo que se investigará es el trato hacia su exchofer, el exjefe de finanzas, personal de informática y la secretaria del TC, y no un asunto entre ministros, como ella y su defensa pretendían instalar.
Aróstica secundó esta idea y sostuvo que él hace más de un año que está pidiendo sesiones extraordinarias por asuntos institucionales y no había sido oído, y llamó a que se entendiera que este asunto no era entre ellos, sino denuncias formales presentadas por un grupo de funcionarios y que anular dicho proceso no procede.
Cercanos a Brahm explican que el tema no es si el auto acordado contempla o no a los ministros, es que ellos tienen un rango constitucional y que ese reglamento está mal aprobado y es una buena oportunidad para enmendar y hacer uno nuevo, con reglas acordes al respeto de las garantías constitucionales, establecer protocolos de investigación y que incluya los maltratos y abusos entre ministros. “El problema central es cómo se ha ido deteriorando la relación de los integrantes del TC y cómo impacta en la institución”, dice una fuente allegada al caso.
El sumario contra Brahm, impulsado por Aróstica, dicen en el TC, sólo ha venido a profundizar la guerra entre dos grupos que batallarán para ganar una disputa interna que de vez en cuando sale a la luz pública.
