La historia se repite, aunque con algunas diferencias. La Moneda finalmente concretó ayer la presentación, por segunda vez, de un requerimiento para frenar el proyecto de la oposición, que esta semana será votado en el Senado, de retiro de ahorros previsionales.

Esta vez, La Moneda no presentará una iniciativa paralela de tercer retiro, como sí lo hizo en la ocasión anterior, y reforzó que el camino será mediante las ayudas financiadas con recursos públicos y no de las cuentas de ahorro de los trabajadores.

La idea de presentar el requerimiento -que tiene una extensión de 142 páginas y que al igual que el escrito anterior incluye, entre otras cosas, que la moción de la izquierda es inconstitucional porque es iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto-, generó un fuerte debate al interior de Palacio, debido a que algunos creen que es un “disparo a los pies”, que generará un mayor descontento ciudadano, sobre todo, porque esta vez no impulsan un proyecto paralelo.

De hecho, al interior del propio comité político, según fuentes de gobierno, había quienes estaban en contra de acudir al organismo, entre ellos el ministro Rodrigo Delgado (Interior) y la ministra Karla Rubilar (Desarrollo Social). El tema se discutió nuevamente el lunes durante el comité político y ayer durante otro encuentro que encabezó Piñera con sus ministros, instancia en la que se terminó de zanjar los detalles de cómo se comunicaría la decisión de presentar el escrito, lo que se concretó ayer.

Así, los ministros Juan José Ossa (Segpres), Jaime Bellolio (Segegob) y Rodrigo Cerda (Hacienda) -y con la ausencia de Delgado y Rubilar, quienes, según sus entornos, tenían otros compromisos en agenda- anunciaron la presentación del escrito. De hecho, en Interior recalcan que Delgado acompañó hasta el podio a sus pares y que no pudo quedarse al anuncio por sus otros compromisos.

“Durante toda la tramitación del proyecto hicimos presente que se trata de una mala política pública, que perjudica las pensiones, que existen otras formas de contribuir mejor a las familias de nuestro país y que se trata de una iniciativa inconstitucional”, partió diciendo Ossa, quien fue quien encabezó la presentación del requerimiento y el único de los ministros que respondió preguntas.

El secretario de Estado agregó que “el gobierno ha impulsado e implementado importantes y necesarias ayudas a las chilenas y chilenos que, al mes de junio próximo, habrán significado en transferencias directas un esfuerzo fiscal, esto es un esfuerzo de todos los chilenos, equivalente a 15 mil millones de dólares”.

Además, indicó que “lo anterior se ha hecho mediante seguros de desempleo y el Ingreso Familiar de Emergencia. Este instrumento, fortalecido por el anuncio realizado el día lunes por el Presidente de la República, alcanzará a más de 13 millones de personas, llegando al 80% de quienes que se encuentran en el Registro Social de Hogares”.

Y agregó: “Es nuestro deber velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas, y es por eso que presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación a este proyecto que, nos asiste la convicción, atenta contra la calidad de vida de los chilenos en esa etapa que, tal vez, es la más importante de sus vidas: su vejez”.

En Palacio saben que la decisión de acudir al organismo genera rechazo ciudadano y críticas transversales de la oposición y de algunos sectores de Chile Vamos. Sin embargo, existía también una presión de la UDI y Evópoli de cumplir con la palabra empeñada y presentar el escrito.

En Palacio hay un sector que es “más duro”, que defendía que no podían caer ante “el populismo” y que debían recalcar el camino de la “responsabilidad”. Y ayer La Moneda buscó neutralizar el descontento ciudadano a través de la extensión de la cobertura del IFE.

En el gobierno si bien dan por descontada la aprobación del tercer retiro, apelan a que el sector “tome conciencia” de que la iniciativa es negativa. Por lo mismo, ayer Bellolio, en entrevista con radio Universo, indicó que “los parlamentarios de Chile Vamos y también otros que han dicho que (el tercer retiro) es una mala medida, ahora a la vista de este IFE ampliado pudieran repensar su posición”.

Y agregó: “Cuando hay quienes plantean que la única forma de poder ayudar es hacer un tercer retiro -cuando hay tres millones de personas, las más vulnerables, que no tienen nada que sacar-, yo esperaría que reflexionaran un poco sobre estos números antes que simplemente descartarlos”.

De igual manera, el Ejecutivo está evaluando otras ayudas -por ejemplo, extender el bono clase media-,para darlas a conocer en la antesala del fallo del TC y así intentar seguir aplacando las críticas y el malestar ciudadano. Esto, porque estiman que nuevamente el fallo será favorable a ellos.

La vez anterior, el requerimiento fue impulsado por el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en donde se planteaba que el conflicto constitucional estaba en tres aspectos: primero, la aprobación del proyecto parlamentario con quórum de 3/5 cuando -según el gobierno- debió haber sido de 2/3; segundo, que las materias legales sobre la seguridad social son una facultad exclusiva del Presidente, y tercero, la utilización de una reforma constitucional transitoria para modificaciones permanentes.

En dicha oportunidad, la presidenta del TC, María Luisa Brahm -quien fuera jefa de asesores del Mandatario-, fue el voto dirimente que le dio el favor al Ejecutivo, acogiendo por completo en sus tres puntos el requerimiento de Piñera.

En esa ocasión, el organismo se demoró un poco más de un mes (38 días) en emitir un fallo, sin embargo, en esta ocasión el Ejecutivo aspira que los plazos sean más acotados, debido a que los argumentos son casi los mismos, salvo unas materias nuevas, que la vez anterior.

El tiempo en que esté listo el fallo ha sido una materia de preocupación al interior de La Moneda y Chile Vamos. Esto, porque el dictamen puede cruzarse con las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo, lo que algunos temen que podría tener un efecto en los resultados de los comicios del sector.

En ese sentido, en el gobierno apuestan que el resultado esté posterior a los comicios. Como sea, en Palacio dicen que están conscientes de “todas las externalidades y costos” de la decisión que tomaron.

Desde Chile Vamos, distintos dirigentes que habían respaldado el tercer retiro criticaron la decisión de La Moneda, argumentando que las ayudas que el gobierno ha anunciado “no llegan” a la clase media, mientras que el retiro de fondos previsionales sería una forma de apoyar a ese sector ante la crisis económica que ha significado la pandemia.

Así, el candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien había estado en negociaciones con el gobierno para que existieran otras alternativas al tercer retiro, planteó: “Creo que mi gobierno comete un error. Si el TC resuelve bloquear este proyecto, el derrotado no va a ser el diputado, la diputada, el candidato o la candidata A, B o C, es la gente, la gente de clase media que no está recibiendo las ayudas del Estado o no le están llegando en cantidad suficiente”.

En la misma línea, el senador Iván Moreira (UDI) -quien ya ha anunciado que votará a favor del proyecto que se discutirá el jueves en la sala de la Cámara Alta- sostuvo que “el gobierno tiene todo el derecho de recurrir al TC, pero la clase media en Chile tiene también el derecho de recibir beneficios que aún no llegan. Por lo tanto, creo que este es un error político del gobierno”.

En tanto, el diputado Andrés Celis (RN) dijo: “Le pido al Presidente, por favor, converse, dialogue con los senadores para sacar un buen proyecto de ley y que vaya en ayuda directa a la clase media, que hoy día se siente abandonada y, además, pensando también en la paz social”.

Desde la oposición, el presidente de la DC, Fuad Chahin, argumentó que “el Presidente Piñera definitivamente no entiende que gobernar es construir acuerdos en favor de la gente y no tratar de bloquear que puedan utilizar sus propios recursos para poder paliar la pandemia cuando él los ha abandonado”. Mientras, la diputada PPD Cristina Girardi dijo que era “esperable” que el Mandatario recurriera al TC, pues “parece que no entiende razones. Se le pone una idea en la cabeza y da lo mismo lo que opine el resto de la humanidad”.

Por otro lado, en la UDI, desde donde presionaron para que el gobierno acudiese al organismo, valoraron la medida.