Con poco espacio para las dudas, el 2023 fue uno de los años en que los desastres naturales más golpearon a Chile. Sólo en verano los incendios forestales arrasaron con 416.000 hectáreas en ocho regiones del país, siendo catalogada como la segunda peor temporada desde que se tiene registro. Y, si el fuego fue el enemigo a inicios de año, el agua lo fue meses después: las lluvias de junio y agosto dejaron a más de 50 mil personas damnificadas debido a inundaciones, socavones y desbordes de ríos que -incluso- dejaron a pueblos completos bajo el agua.

Con el fin de evitar un escenario similar para el próximo verano, que se espera que registre temperaturas mayores a los 40 °C, es que tanto el gobierno como las entidades pertinentes ya han definido medidas de prevención para anticiparse al desarrollo de grandes eventos metereológicos. Una acción que incluso ha involucrado a las propias comunas, cuando tras la creación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred - ex Onemi) se dictó por ley que las municipalidades debían elaborar un plan para la reducción de desastres y un plan comunal de emergencia con el fin de apoyar esta labor.

Sin embargo, hasta la fecha no todos los municipios han cumplido. Según datos entregados por Senapred a La Tercera, hasta el 15 de octubre 250 de las 345 municipalidades a nivel nacional, cuentan con planes de emergencia dictados, lo que se traduce en 72% (250).

Hay otro 11% (38) que no lo tiene: Alto Hospicio y Colchane, en Tarapacá; Mostazal, Requínoa, Litueche y Placilla, en O’Higgins; Chillán Viejo, El Carmen, Pinto, Pemuco y Ñiquén, en Ñuble; Santa Juana, Tirúa, Cabrero, San Rosendo y Santa Bárbara, en Biobío; Temuco, Pucón, Toltén, Vilcún, Villarrica, Los Sauces y Purén, en La Araucanía; Fresia, en Los Lagos; Lago Verde, Cisnes, O’Higgins y Tortel, en Aysén; Punta Arenas y Laguna Blanca, en Magallanes.

Las otras 57 municipalidades (17%) que declaran tener plan de emergencia no ha informado el decreto alcaldicio de aprobación por lo que, para efectos de la ley, todavía no se pueden contabilizar.

Pero, ¿qué tan relevante es este plan para la prevención y control de desastres? Según la subdirectora de Reducción del Riesgo de Desastres de Senapred, Alicia Cebrián, este plan permite establecer las acciones de respuesta en las distintas fases operativas ante situaciones de emergencia, desastre o catástrofe, con el objetivo de brindar protección a las personas, sus bienes y medio ambiente en el territorio comunal a través de la coordinación del sistema local de Senapred. Asimismo, en virtud de las amenazas presentes en el territorio, este plan establece la cobertura, amplitud y alcance donde se determinan los niveles de alerta y su activación.

Para el alcalde de Santa Cruz y presidente del Centro para la Gestión de Riesgos Locales de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), William Arévalo (Ind.), el hecho de que hayan municipios carentes de este plan se torna preocupante, sobre todo por las estadísticas actuales de la ONU, que sitúan a Chile entre los seis países más vulnerables a catástrofes.

“Esto genera una vulnerabilidad extrema para sus habitantes, quienes, en caso de una emergencia, quedarían expuestos sin los equipos ni los protocolos necesarios para actuar de manera efectiva. Además, el riesgo se agrava debido a la falta de recursos directamente asignados, a pesar de que existe una ley que permite crear una oficina de emergencia. Esto crea desigualdades significativas en todo el territorio nacional”, expresa.

Por ejemplo, la comuna de Santa Juana, en Biobío -golpeada por tres olas de incendios y dos inundaciones- hasta la fecha no cuenta con un plan comunal de emergencia visado por Senapred. La alcaldesa Ana Albornoz (Ind.), entrega sus razones. “Cuando ocurrieron los incendios en verano, Santa Juana pidió decretar estado de catástrofe y ayuda para la zona mucho antes de que el siniestro comenzara con fuerza, pero no se tomó en cuenta porque en general las autoridades de todo tipo son centralizadas. Nosotros creamos un plan de emergencia, pero a Senapred no le gustó y le ingresaron indicaciones que paralizaron su promulgación. Nosotros lo creamos considerando lo que era mejor para la comuna; se presentó y estamos en ese proceso ahora”.

Según la autoridad, el plan se sigue utilizando pese a que no esté visado por la entidad gubernamental: “Este contempla vías de evacuación en la comuna; estamos trabajando en la posibilidad de hacer capacitación a los vecinos para atender una próxima emergencia, enseñarles a usar una linterna, contar con más camiones y herramientas. La burocracia muchas veces frena proyectos necesarios, nosotros tenemos que salvar la vida de los vecinos”, cierra.

Con todo, Cebrián recalca que es necesario que las comunas que no cuenten con su plan de emergencia diseñen esta herramienta pues “contempla la coordinación y funcionamiento del sistema local para el empleo de sus capacidades disponibles durante la fase de respuesta, con el objetivo de salvar vidas, reducir el impacto en la comunidad afectada y disminuir las pérdidas materiales, junto con definir roles y funciones de la autoridad comunal”, cerró.

Mientras que desde Amuch se están impulsando medidas para que las municipalidades asociadas puedan aplicar el plan de emergencia, a través del traspaso de recursos desde los municipios hacia el Centro para la Gestión de Riesgos Locales con el fin de brindar apoyo directo a quienes enfrenten situaciones de emergencia o catástrofes.