¿Cuándo se acaba el Senado? Esa es la nueva inquietud que se ha instalado entre los senadores y que fue planteada al menos por un miembro de la bancada socialista al ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, en la reunión-almuerzo que sostuvieron el miércoles en los comedores del piso 14 del Congreso.

En vista de que las negociaciones dentro de la Convención Constitucional van encaminadas hacia un nuevo esquema de Poder Legislativo (que pondría fin a la actual Cámara Alta para reemplazarla por una nueva institución), entre los senadores ya existe resignación por el desenlace del proceso constituyente. Ahora, la preocupación está centrada en cuánto tiempo de gracia les dará la Constituyente a los senadores antes de que se extinga su mandato.

Según quienes supieron de la conversación, un integrante del comité PS -recogiendo esa inquietud transversal de varias bancadas- le planteó al ministro que estaba en juego la soberanía popular, ya que algunos senadores recién fueron elegidos en noviembre y su mandato se extiende, en teoría, por el momento, hasta el 2030. Otros senadores, en tanto, asumieron en 2018, por lo que su período culmina en 2026.

Frente a esa inquietud, en el gobierno comentaron que el mensaje que les transmitió Jackson a los senadores es que el interés del Presidente Gabriel Boric es resguardar la estabilidad una vez realizado el plebiscito. Ello implica un proceso de transición razonable para que la institucionalidad pueda adecuarse a los cambios de una nueva Constitución.

Así, el ministro les señaló que desde el gobierno no ven plausible que la Convención pueda adelantar el calendario de elecciones. De hecho, Jackson dijo que la estimación del Ejecutivo es que el tránsito al nuevo Congreso tomará, al menos, hasta los comicios de 2026. En todo caso, ello -recalcó el ministro- deberá quedar establecido en los artículos transitorios de la nueva Carta Fundamental, que definirán los propios constituyentes.

Sin embargo, las versiones de lo que entendieron los socialistas no son completamente coincidentes.

Según algunos, el titular de la Segpres fue ambiguo y no comprometió nada, a pesar de que algunos convencionales del Frente Amplio, como Fernando Atria y Jaime Bassa, han dicho abiertamente ser partidarios de que exista una transición de cuatro años al nuevo Congreso.

“El ministro Jackson no hizo ningún compromiso al respecto. Solamente tomó compromisos respecto de cosas que va a hacer el gobierno, en ningún caso cosas que va a hacer la Convención”, comentó el jefe de bancada del PS, José Miguel Insulza.

“Ni el ministro ni nosotros podemos ponernos en los zapatos de los constituyentes. Simplemente lo que se despejó es que no hay una tal conspiración desde el gobierno para pavimentar el camino a los que quieren destruir el Senado ni tampoco en el Senado hay una defensa corporativa. Esas dos cosas se aclararon”, dijo, por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro.

No obstante, otros entendieron que La Moneda sí estaba pensando en que el proceso de transición entre el Senado actual y la nueva institucionalidad sea hasta la próxima elección, es decir, un lapso de cuatro años.

En el gobierno, si bien quieren respetar la autonomía la Convención Constitucional, no van a abstenerse de comentar sobre los debates de contenidos. Así lo ha hecho el propio Presidente Boric al manifestar su postura favorable al sistema bicameral asimétrico.

Sin embargo, en el Ejecutivo precisaron que para implementar los cambios y avanzar al nuevo orden, La Moneda dejará la posición pasiva y jugará un rol sobre todo en el diseño de las disposiciones transitorias. En esa discusión, dicen al menos dos ministros, es un deber involucrarse.

“Este gobierno está por apoyar el trabajo que está deliberando la Convención Constitucional y va a poner de su parte para colaborar para que los cambios que emanen de la nueva Carta Fundamental se puedan implementar con sostenibilidad y a través de procedimientos adecuados y estables en el tiempo”, explicó Jackson a La Tercera.

En la dirigencia PS, en todo caso, son cautelosos, porque saben que el gobierno tampoco tiene mucho margen de maniobra, ya que una vez zanjada cuál será la forma del nuevo Poder Legislativo, bastaría que 53 convencionales se opongan a darles un período de gracia a los senadores para que su mandato se extinga en un plazo breve (un año, por ejemplo) o incluso en forma inmediata.

La explicación es que las normas constitucionales rigen “in actum”, por lo tanto, una vez plebiscitada, aprobada, promulgada y publicada la nueva Constitución (posiblemente a fines de año), toda aquella institución que haya sido reemplazada o explícitamente disuelta desaparece automáticamente. Para que ello no ocurra, se requiere de un acuerdo adicional para establecer una “disposición transitoria”, que debe reunir 103 votos en la Convención, por lo tanto, si 53 constituyentes la rechazan, no habría un proceso gradual o escalonado y el cambio debería ejecutarse en forma brusca.

De hecho, las palabras emitidas este jueves por la senadora independiente Fabiola Campillai aumentaron ese riesgo. “Le voy a pedir un favor tan grande, que creo que represento a un pueblo completo: que por favor el Senado se elimine, por favor, no lo necesitamos, ahí se entrampan las leyes. El Senado no puede existir”, dijo la legisladora a la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, con quien se reunió.

Por su parte, en el ánimo de tratar de componer algunos puentes políticos e institucionales, que a juicio de algunos legisladores y convencionales nunca se establecieron, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), también sostuvo un encuentro con Quinteros para ofrecerle la disposición de la mesa a tramitar las solicitudes de la Convención para una adecuada realización del plebiscito de salida.

“He venido a reiterar la voluntad del Senado de contribuir en todo lo necesario para que este proceso sea exitoso”, dijo Elizalde.