Una reunión sostuvo el martes pasado parte de la mesa ampliada de la Convención Constitucional -liderada por Elisa Loncón y Jaime Bassa- con algunos representantes de las comisiones de Comunicaciones y Presupuesto. Uno de los temas que, según presentes, se tomó la conversación fue la inquietud que hay en la coordinación respecto de la forma en que se ha instalado en la opinión pública el uso de los recursos por parte del órgano constituyente.

A la controversia por el informe que elaboró la Segpres, en que se dio cuenta de que el órgano ya ha utilizado o comprometido el 38% de los $ 8.820 millones que se dispusieron para su funcionamiento, se sumó la aprobación, primero en la Comisión de Presupuesto y luego ayer en el pleno, de una propuesta que aumenta las asignaciones de los convencionales de 29 a 77 UTM ($ 4.020.401), más 5 UTM en el caso de los representantes de escaños reservados y de zonas extremas.

La ratificación de la norma y las acusaciones que han hecho principalmente desde Vamos por Chile a que los convencionales están buscando aumentar sus propios ingresos provocó un enfrentamiento en los últimos días entre ese sector y la centroizquierda. Quienes estuvieron por aumentar esos recursos -que no están relacionados con la dieta de los convencionales, sino que están destinados a la contratación de asesorías, traslados, alimentación y otros gastos operacionales- han reiterado que en el caso de las asignaciones no se trata de un incremento en el presupuesto total, sino que una reasignación de recursos.

“Que la derecha deje de mentir”, dijo por estos días Fernando Atria (ind-RD) al referirse a las críticas que generó la aprobación de la propuesta, mientras figuras de la derecha como Arturo Zúñiga (UDI) acusó a su par PC Marcos Barraza de querer “llenarse los bolsillos” a costa de “empobrecer a la ciudadanía”.

Es en ese contexto -cuando además la Comisión de Descentralización definió sesionar la próxima semana en las regiones de Arica, Coquimbo, Ñuble y Los Lagos- que para algunos en la mesa se haría necesario apurar una estrategia comunicacional para enfrentar específicamente el tema de los recursos. Esto, sobre todo, porque es claro para ellos que en los próximos meses el tema va a seguir tensionando a la Convención Constitucional.

Si bien la Comisión de Comunicaciones tiene entre sus objetivos generar una estrategia comunicacional general para el órgano, según distintos convencionales, lo que se ha conversado es apurar ciertos lineamientos comunicacionales que sirvan para evitar que se instale la idea de que hay un exceso en los gastos que requiere el proceso constituyente.

En esa línea, ayer se aprobó una enmienda que establece que, por ejemplo, en materia de asignaciones, los recursos deben ejecutarse de acuerdo a los principios de “responsabilidad, probidad, transparencia, austeridad, suficiencia, proporcionalidad, participación, equidad territorial, descentralización, pertenencia cultural, perspectiva de cuidados, igualdad material y eficiencia”.

“Es importante avanzar desde ya por una cuestión de transparencia, de respeto a la ciudadanía, en establecer mejores formas de comunicación desde la Convención hacia los medios de comunicación y los pueblos de Chile”, asegura uno de los vicepresidentes, Pedro Muñoz (PS).

Su par Lorena Céspedes (INN), quien quedó a cargo en la mesa de ser el vínculo directo con Comunicaciones y desde la próxima semana se sumará también a Presupuesto, sostiene que “tenemos que ver cómo vamos a generar los canales de información necesarios hacia la ciudadanía en general”. La convencional asegura que, de hecho, ya se están coordinando ciertas acciones, como establecer puntos de prensa diarios de cada comisión para mostrar los avances.

El asunto preocupa a la mesa y a sectores de la Convención, porque son conscientes de que para dar garantías, por ejemplo, de participación y descentralización se van a requerir incluso mayores recursos de lo que ya estableció la Ley de Presupuesto 2021. De hecho, algunos recuerdan que durante ese debate en el Congreso la asignación para el desarrollo del proceso constituyente que quedó fijada en la glosa 08 de ese programa siempre se pensó como un piso mínimo y, por lo mismo, se dejó en autonomía al futuro órgano constituyente para disponer de más liquidez.

“Los recursos destinados al financiamiento de la Convención Constitucional podrán suplementarse de acuerdo a las normas de flexibilidad presupuestaria”, se lee en la citada glosa.

“Como todas las cosas de la Convención, todo tiene que crearse, es partir de cero. Por lo tanto, no existe un relato, una voz de la propia Convención Constitucional. ¿Qué hacemos? ¿Por qué se hizo así? ¿Quiénes somos? ¿Para qué? ¿Por qué? Son preguntas que comunicacionalmente no se responden como Convención y eso es necesario solucionar a través de una dirección o equipo de comunicaciones que se relacione con los medios de comunicación nacionales, regionales, internacionales y comunitarios. También a través de un relato permanente de lo que se hace cada semana, en todas las plataformas y redes sociales de la propia Convención”, reflexiona Beatriz Sánchez (RD), quien forma parte de la Comisión de Comunicaciones.

Y agrega: “La propuesta de este trabajo, que no es solo comunicar, sino transparentar lo que hacemos, está a cargo de la Comisión de Comunicaciones. Hasta el momento llevamos dos semanas de audiencias, sólo el miércoles escuchamos a 22 organizaciones y universidades que quieren aportar, y nos organizamos en grupos de trabajo para ir avanzando en los objetivos de manera paralela”.

César Valenzuela (PS), uno de los coordinadores de la Comisión de Presupuesto, afirma que es necesario “que exista una coordinación con otras comisiones para comunicar de mejor manera estos temas que son delicados”, aunque advierte, aludiendo a la postura que ha adoptado la derecha al respecto, que “acá es importante decir que ni la mejor estrategia comunicacional va a poder contrarrestar los comentarios mal intencionados”.