El 18 de mayo de 2020, Alejandro Correa murió en la puerta de su casa en Concón luego de que Víctor Gutiérrez Londoño, según ha acreditado la fiscalía, un ciudadano colombiano que obraba como sicario disparara a sangre fría en su contra. Desde entonces la familia de la víctima ha clamado justicia en medio de un caso que se originó por los líos que existían respecto de terrenos del empresario que habían sido tomados de forma ilegal.

Después de 21 meses de ocurrido aquello, y a pesar de tener a cuatro implicados formalizados, el caso sigue sin tener una sentencia condenatoria para los presuntos culpables. Diferentes razones han postergado el inicio del juicio oral, la última de ellas fue el pasado lunes 14 de febrero, fecha en la que estaba fijado el inicio de esta etapa procesal, el cual fue postergado nuevamente, ahora para el 28 de febrero.

Valentina Correa, hija del empresario asesinado, en conversación con La Tercera, considera que “ha sido un proceso lento y con falta de empatía del proceso de duelo de nuestra familia”.

El caso actualmente cuenta con cuatro detenidos, el primero de ellos sindicado por el Ministerio Público como el autor material del crimen, Víctor Gutiérrez, quien fue imputado por homicidio calificado, homicidio simple en grado de frustrado, porte de arma y receptación. Pero, además, están formalizados: Renato López como autor intelectual, es decir quien planificó y mandó a matar a Correa, y a los cómplices Melissa Palma y Claudio Riveros. Estos últimos fueron quienes acompañaron al sicario el día en que se ejecutó el encargo.

La hipótesis del crimen, para la Fiscalía de Valparaíso, es que la motivación fue la disputa por los terrenos de propiedad de Correa en Quilpué. El 14 de mayo de 2020, cuatro días antes del homicidio, el empresario interpuso una demanda contra López por ocupación ilegal. Producto de eso, este último -según la acusación del Ministerio Público- habría pagado al ciudadano colombiano para concretar el crimen en su residencia en Concón. Un dato no menor y que aún mantiene una arista vigente en la justicia es la misteriosa desaparición, años atrás, de la esposa de López.

El 31 de enero de 2022, a las 9 horas, estaba fijado originalmente el inicio del juicio oral, el que se extenderá por 20 días ante la exposición de múltiples testigos y pruebas presentas por la fiscalía. Pero esa fecha fue postergada para el 14 de febrero, debido a que la defensa del colectivero Claudio Riveros renunció a representarlo. Esto obligó a aplazar el juicio para la búsqueda de una nueva defensa para Riveros.

Incluso, durante la etapa de preparación de juicio oral, la audiencia fue reagendada tres veces por diferentes motivos. Uno de estos fue debido a la discusión de la legitimidad de la participación de dos querellantes: la Municipalidad de Concón y la Delegación Presidencial de Valparaíso. Finalmente, ambos querellantes quedaron fuera del caso debido a que la defensa de uno de los imputados pudo demostrar que como personas jurídicas no les correspondía intervenir en el proceso.

Ante la impotencia de la familia de la víctima, el 14 de febrero nuevamente se vio frustrado el inicio del juicio. Esta vez a causa de la pandemia. Según lo expuesto en la audiencia de este lunes, los imputados Melissa Palma y Víctor Gutiérrez se encontraban en cuarentena preventiva en el Complejo Penitenciario de Valparaíso ante la sospecha de un brote de Covid-19.

Desde Gendarmería sostienen que ese penal, así como otros del país, se encuentran en esa situación, lo que genera inconvenientes en las diferentes etapas judiciales de los internos. A pesar de eso, sostienen que es responsabilidad de los tribunales fijar medidas o solicitudes para que los detenidos puedan participar en estas instancias, quizás, a veces, de forma telemática.

Para Valentina Correa, hija de la víctima, ha transcurrido demasiado tiempo. “Ha transcurrido tiempo suficiente de la pandemia como para que el Poder Judicial y Gendarmería se acomoden a poder tener un sistema de audiencias híbrido, es decir, una mezcla presencial y por computador”. Algo que apoya el abogado de la familia, Luis Hermosilla, quien asegura que “llama mucho la atención la descoordinación dentro del sistema de justicia”.

La demora en el proceso judicial también trae un costo emocional, confidencia la hija del empresario, y pide que “la justicia empatice con el tiempo que ha esperado la familia y el dolor que esto nos causa”.

A esto se suma que los terrenos que originaron la tragedia actualmente están completamente tomados. “Como familia esperábamos que con la muerte de mi papá los terrenos iban a ser restituidos, que era algo evidente que iba a suceder, y eso no fue así. Entonces también sentimos este abandono por parte del Estado”, apuntó.

El inicio del juicio ha sido fijado para el próximo 28 de febrero, audiencia en la que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar ha solicitado a Gendarmería tomar las medidas con los imputados, como aislarlos o trasladarlos de penal para evitar nuevamente lo ocurrido, además de facilitar su transporte a tribunales una vez iniciado el juicio.

Valentina espera que esta vez sí comience el camino para castigar a los responsables del asesinato de su padre y que “el Poder Judicial le dé una señal al país de que aquí no hay lugar para el crimen organizado”.