Hace casi dos semanas, en los pasillos de la ANFP, Pablo Milad sorprendió a los periodistas presentes. Mientras el presidente de la sede de Quilín se aprestaba a responder las consultas sobre la salida de Eduardo Berizzo, entre otros temas, lanzó una frase que no dejó a nadie indiferente. “Hay una ANFP saneada, sin problemas de recursos. Se ha especulado mucho, pero la realidad es otra. Tenemos muy buenos sponsors y traeremos más. Queremos al mejor entrenador”, afirmó el exintendente del Maule, en medio de la crisis de la Selección.
La radiografía que realizó el timonel contrastaba con el presente de la sede de Quilín. O, al menos, del que se conocía, según los últimos estados financieros. Y más cuando el proceso rumbo al Mundial 2026 no solo ha significado un desafío deportivo para la Roja, sino que también uno financiero para la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), en búsqueda de nuevos auspicios para el combinado nacional, que reemplacen a históricos socios que tuvo el equipo durante su historia, para así sostener unas alicaídas arcas. Si bien en los últimos días se oficializó al Banco Itaú como el nuevo naming rights del Torneo de Primera División de la temporada 2024, las cifras estaban lejos en relación a los pasivos que lucían los resultados de la asociación.
Sin embargo, en la ANFP tenían guardado un as bajo la manga. Hace dos meses, la directiva que comanda Pablo Milad recibió una noticia que llegó a calmar la grave crisis que los aquejaba. No pudieron compartirla públicamente, pues existen una serie de cláusulas de confidencialidad que los obliga a ser fuertemente herméticos y no entregar detalles. Según información recabada por El Deportivo, la empresa Nike, que desde 2015 fue uno de los principales socios comerciales de la Roja, acordó el pago de una millonaria compensación a favor de la sede de Quilín, que la había denunciado por incumplimiento de contrato, en el contexto del arbitraje que enfrentó a ambas entidades en Nueva York.
Según fuentes consultadas, el dinero recibido es de aproximadamente US$ 10 millones, una cantidad considerable que en la ANFP consideran casi un regalo caído del cielo. Fueron más de dos años de litigio, que incluyó viajes de miembros de la asociación y la presentación de testimonios de algunos directores como Jorge Yunge. Evidentemente, el pago ayudó a que la asociación cerrara el tercer trimestre de este año con un superávit levemente superior a los $ 7 mil millones. Un hecho que no ocurría hace mucho tiempo.
La Tercera le consultó a la ANFP para obtener una declaración sobre la resolución del arbitraje con Nike. Sin embargo, desde la asociación no quisieron referirse al respecto, debido a las cláusulas de confidencialidad firmadas en el litigio.
El inicio del conflicto
La historia comenzó en marzo de 2021, cuando la ANFP presentó una demanda contra Nike. La empresa de indumentaria deportiva, que vestía a la Roja desde 2015, en una negociación que se realizó en la administración de Sergio Jadue, no había pagado la cuota correspondiente al período comprendido entre julio de 2019 y julio de 2020. Según el contrato que ambas partes firmaron, la gigante estadounidense debía pagar US$ 7 millones anuales, que se abonarían hasta el final del Mundial de Qatar 2022, si es que Chile clasificaba.
En su reclamación, el ente rector del fútbol chileno exigía el pago de 140 mil UF, que equivale a $ 4.200 millones, correspondiente al monto adeudado durante la temporada 2020. La firma estadounidense solo había abonado 5 mil UF correspondientes al año estipulado.
Nike no dudó en defenderse. Acusó a la ANFP de “actuar abusivo” y de “mala fe”, asegurando que no suscribió el aludido contrato, pues la empresa que lo hizo fue Nike European Operations Netherlands B.V. (NEON). Además, entre los argumentos que esgrimía la firma con sede en Oregon, se indicaba que la Roja no había dado cumplimiento a una de las cláusulas establecidas en el contrato, en el que se exigía que la Selección debía disputar al menos 10 partidos por temporada.
Efectivamente, entre 2019 y 2020, Chile estuvo casi un año sin jugar. Debido al estallido social, en el que se desistió voluntariamente de disputar el amistoso frente a Perú, y luego por la pandemia, el elenco nacional jugó con un desfase de casi 12 meses. En 2019, el último duelo disputado fue ante Guinea, el 12 de octubre, en la victoria por 3-2 en el amistoso jugado en España. El equipo que en ese momento dirigía Reinaldo Rueda reapareció recién el 8 de octubre de 2020, en la caída 1-2 frente a Uruguay, por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.
Desde la casa comercial, inclusive, advertían de que la situación debía resolverse en Estados Unidos, solicitando directamente que el tribunal chileno se declarara incompetente. Se amparaban en la cláusula 18 del Contrato de Distribución establece que “toda controversia relacionada al mismo se regirá por las leyes de Nueva York, Estados Unidos, y será resuelto por medio de un arbitraje en dicho Estado con aplicación de las Normas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC)”. “Es un hecho notorio e irrebatible que Nike Chile Limitada no ha suscrito ni comparece de modo alguno al contrato cuyo incumplimiento alega la ANFP”, explicaba la firma representada por Grasty, Quintana & Majlis Abogados.
Nike tenía contrato con la federación chilena hasta el final de las Eliminatorias hacia Qatar 2022 y, si Chile iba al Mundial, ese compromiso se extendía hasta fines del 2023. Los estadounidenses dejaron de cumplir este acuerdo en 2020, por lo que el ente rector del fútbol criollo dejó de recibir cerca de US$ 14 millones en las últimas dos temporadas. Y US$ 21 millones, sumando el extra por una eventual clasificación, que finalmente no ocurrió.
La fuga del gigante estadounidense obligó a la ANFP a buscar nuevos auspiciadores. Frente a tal escenario, la casa del fútbol acordó en el 2021 con la firma con Adidas, por un momento bastante menor: US$ 3 millones cada 12 meses, por los próximos cinco años, con un royalty del 30%, aseguraron conocedores de la operación. Lo más importante, sin embargo, fue el bono firma de alrededor de $ 590 millones que sirvió para enfrentar la crisis de aquel momento.
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