"Cualquier declaración que no sea acorde a la instrucción (de solo promover un voto informado) debe ser investigada y, en caso de ser necesario, sancionada”, aseguró Daniela Dresdner por los dichos que se conocieron de la autoridad sanitaria de la región, quien aseguró que el Presidente Gabriel Boric lo habría mandatado para impulsar la opción del Apruebo con miras al plebiscito del 4 de septiembre.
El Ejecutivo tenía contemplado elaborar un nuevo decreto de estado de excepción, aprovechando la decisión de sumar a Los Ríos. Con la medida, que ya se aplica en La Araucanía y el Biobío, apostaban a que ya no tendrían que pedir prórroga al Parlamento, debido a que se iniciaba desde cero un nuevo periodo del despliegue militar. Sin embargo, las diferencias con la fórmula al interior del propio Ejecutivo, las advertencias de la Contraloría y las críticas que se ocasionaron en el Congreso provocaron que echaran pie atrás.
Tras el ataque, la delegada presidencial de la región de Los Ríos, Paula Peña Marín, aseguró que "junto con recoger todos los antecedentes, evaluaremos en el más breve plazo las acciones judiciales que tiendan a contribuir al esclarecimiento de los hechos”.
“Coincido con los parlamentarios en los resultados que esperamos”, aseguró la ministra del Interior, pero advirtió que “tenemos que hacer un análisis mucho más exhaustivo para ver si efectivamente lo que ellos proponen logra los resultados esperados”. Además, adelantó que el jueves podría viajar a Tarapacá.
Al anunciar un veto sustitutivo a la reforma que entrega una nueva potestad al Presidente Gabriel Boric para disponer de las FF.AA., el Ejecutivo definitivamente hizo propia esta iniciativa. Para poder implementar la medida, el gobierno solo tiene 10 días. Sin embargo, en la discusión en el Senado se produjo un percance y obligó a que La Moneda reingresara el veto para precisar que un uniformado estará “al mando” de las fuerzas.
La jefa de gabinete precisó que no existe un aumento significativo en los hechos de violencia en dichas zonas, pero detalló que Carabineros reforzará los puntos de control. Durante las próximas horas, en tanto, se llevará a cabo una segunda reunión para evaluar el reglamento de la reforma de infraestructura crítica. "Es un instrumento que el gobierno debe evaluar su utilización", indicó Siches.
Señales contradictorias se dieron por parte del oficialismo en las votaciones para mantener el rol de las FF.AA. en el sur. Una de ellas provino de la bancada comunista, que acordó pedirle al Ejecutivo que fuera la última prórroga del estado de emergencia. Por otra parte, diputados oficialistas también le pidieron aplicar la medida a otras regiones.
Raúl Soto (PPD) se trasladó hasta la zona sur para realizar una evaluación sobre el estado de excepción, en el marco de su primera salida regional. Durante su visita apuntó a la necesidad de una nueva prórroga de la medida, mientras se complementa "-y hacemos una transición- con lo que va a ser el proyecto de Infraestructura Crítica".
El subsecretario visitó la Región del Biobío para abordar materias de seguridad. En ese sentido, anunció cambios en los contratos de concesiones de algunas rutas del sur para instalar una serie de nuevas cámaras y pórticos lectores de patentes.
La eventual implementación de un nuevo texto constitucional genera una encrucijada jurídica, ya que el estado de emergencia, propiamente tal, desaparecería. No obstante, en el gobierno ya manejan tres alternativas.
La intervención de la ministra para lograr apoyos al estado de excepción dio algunos frutos, especialmente en el Frente Amplio. Seis votos oficialistas, que se habían descolgado en la sesión del 14 de junio, en esta oportunidad aprobaron.
"No les quepa duda que como Presidente de la República no voy a evadir ninguna responsabilidad", señaló el Mandatario ante la posibilidad de visitar la zona sur, donde actualmente rige el Estado de Emergencia. Desde La Moneda, en tanto, confirmaron que entre el 28 y 30 de junio el Jefe de Estado se trasladará a Arica, concretando así su tercera salida regional.
A pesar de que la derecha reaccionó con reparos ante el anuncio del gobierno de extender la presencia militar en La Araucanía y el Biobío, las principales dudas están en los grupos políticos aliados del Presidente. Hay al menos cinco diputadas del PC, el PS y Frente Amplio que no apoyarán la medida y otros trece legisladores oficialistas con visiones disidentes. En el Senado, en tanto, la principal detractora es Fabiola Campillai.
Así lo anunció la ministra del Interior, Izkia Siches, quien informó que el 29 de junio acudirán al Parlamento para solicitar la ratificación. Sobre la posibilidad de que el Presidente Gabriel Boric visite la zona sostuvo: “estamos evaluando cuál es el mejor momento en que participe”.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que también se fortalecerá la persecución penal. Dijo, además, que si bien hay “una disminución del 40% de los hechos de violencia" existe una “diferencia relevante” entre las provincias de Malleco y Arauco. En la primera los hechos de violencia disminuyeron en un “57%” y en la segunda “solo un 26%”.
