El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboraron un catastro con el número de campamentos en el país. El estudio señala que el 51% de los habitantes de estos lugares son mujeres y el 36% son migrantes, y que desde 2019 se han levantado 355 campamentos nuevos.
El profesional se refiere a las causas del déficit habitacional en Chile y a propuestas para mejorarlo: terminar con el valor especulativo sobre el suelo y el sistema de subsidios. "Lo fundamental es que el Estado recupere la conducción de la política habitacional", dice.
Según datos entregados por TECHO-Chile, más de 59 mil familias que residen en asentamientos dentro de la macrozona norte y centro-norte del país se encuentran expuestas a siniestros naturales que afectan su calidad de vida. Incluso, de los 579 campamentos mencionados, 337 (58%) están expuestos a más de una amenaza.
"Me entristece decir que no nos merecemos tantos aplausos, porque el déficit de viviendas es mucho más grande. No podemos prometer cosas que no vamos a poder cumplir. El déficit de vivienda en Chile es de 650 mil viviendas, decía que quizás esto no se había visto antes", dijo Boric en su cuenta pública.
Hace una semana, 50 personas organizadas llegaron en un bus para intentar ocupar un sitio de la comuna, una recurrente forma de operar, acusan desde el municipio. Este año se han evitado cuatro intentos de tomas, aunque la proliferación de estos asentamientos irregulares está incontrolable: hay 28 tomas y desde 2019 a la fecha han aumentado un 482%.
Distintos actores que se ven implicados de una u otra forma en el proceso que significa una toma de terreno, dan su testimonio. La escasez de atribuciones, o la falta de aplicación de estas por parte de las autoridades, pero también la carencia de viviendas o los altos valores de arriendos, y otros elementos, confluyen para que, según relatan los mismos consultados, esto sea una verdadera “bola de nieve”.
La crisis por la vivienda no es nueva, pero hay casos extremos. Este es el relato de los vecinos de Bahía Sur, que alberga a dos asentamientos irregulares que cumplen 100 años. Fundados por pescadores y mineros, los descendientes autogestionaron la pavimentación de una de sus calles y eso fue el punto de partida para que las autoridades iniciaran el camino hacia la regularización.
La cara detrás de la icónica organización que promueve soluciones para los problemas de vivienda vive sus últimos días como director ejecutivo de ella. Déficit Cero, una propuesta que reúne a distintos líderes del escenario público y privado, lo reclutó para dirigir sus primeros pasos, con un ambicioso objetivo: cerrar la brecha durante 2030.
El convenio, que inicialmente buscó intervenir los 146 asentamientos irregulares de la región, al cabo de cinco años se focalizó en solo 35. Luego, por baja ejecución, se prorrogó el plazo a 2025 y se elevaron los recursos a $31 mil millones. Actualmente, se ha gastado el 22% de estos y mientras expertos critican el lento avance, desde el gobierno apuntan a la multiplicidad de trámites requeridos y al dinamismo de estas ocupaciones como responsables del retraso.
La pandemia no sólo les quitó el trabajo y los ahorros a los Godoy Medina. También les quitó la posibilidad de pagar la casa que arrendaban. Por eso tuvieron que irse a una toma en un cerro y aprender que no eran los únicos que pasaban por eso. Ellos son una de las familias que reflejan por qué los habitantes de los campamentos, en dos años, han aumentado un 74%.
El último catastro liderado por Techo reveló que, junto al preocupante aumento de estos asentamientos en el país, son casi 60 mil los menores que los habitan. Son niños que, además de las dificultades propias del contexto habitacional y la pandemia, ahora deben lidiar con las clases virtuales, de las que frecuentemente se ausentan.
Para el procedimiento fue desplegado un equipo de más de 300 personas entre Carabineros, asuntos de familia, migración, así como municipio y Ministerio de Obras Públicas. Según informó el Coronel Daniel Martinez Lara de la Prefectura Occidente, los ocupantes "están saliendo de a poco y de forma voluntaria". En el lugar serán construido el túnel Lo Ruiz que conectará Renca con Quilicura.
En febrero llegaron los primeros y ya son más de mil familias, chilenas y extranjeras, las que se han instalado en los faldeos en precarias viviendas o carpas. Pero es una olla a presión: vecinos de la comuna han iniciado protestas y denuncian situaciones delictivas en el asentamiento, mientras los recién llegados piden apoyo y servicios básicos. El municipio afirma que no tiene potestad para el desalojo, mientras un informe de Serviu advierte el riesgo de aluviones en el terreno, destinado por el MOP para la construcción del Túnel Lo Ruiz.
Desde 2011 las tomas aumentan sostenidamente en el país, pero la pandemia disparó las cifras. El Minvu estima que en el último año las tomas aumentaron en un 41% en el país y los inmigrantes, el grupo social más desprotegido, es el que más carga con el problema.
