Los parlamentarios de oposición piden que la ministra Marcela Ríos exponga por escrito respecto de la fundamentación legal que existiría para que, de aprobarse la propuesta constitucional, las cárceles concesionadas sigan operando, como expuso la secretaria de Estado ante senadores de la Comisión de Constitución.
El borrador de la nueva Carta Magna estableció que la administración de las cárceles le corresponde solo al Estado y el pleno de la Convención rechazó una norma transitoria que graduaba el fin de estos centros penitenciarios. Ante eso, surge la duda respecto a la forma en que podría aplicarse dicha parte de la propuesta constitucional.
El artículo aprobado por el Pleno deja en claro que "la función establecida en este artículo no podrá ser ejercida por privados”.
