La mandataria peruana señaló que se conocen poco a poco nuevos elementos que demostrarían que el encarcelado exgobernante habría planeado con antelación el quiebre del orden constitucional del pasado 7 de diciembre de 2022.
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El presidente brasileño dijo que en Venezuela “hay democracia” y que en el mundo hay un “prejuicio muy grande” contra su par de Caracas.
La sentencia insta al Congreso a que regule acusación constitucional a altos funcionarios del Estado, luego que una demanda de organizacion nacional de abogados sostuviera que el expresidente fue detenido sin que se le hubiese levantado su inmunidad, sin publicarse su destitución y la designación de Dina Boluarte en el Diario Oficial, por lo que consideran que detención fue arbitraria y disposición fiscal es “nula”.
El Instituto Nacional Penitenciario peruano impuso al exmandatario una medida disciplinaria de limitación de las comunicaciones con el exterior, por el periodo de 15 días. La sanción implica también la restricción de las visitas de familiares y amistades durante el periodo antes señalado.
La Corte Suprema de ese país confirmó el período de reclusión preventiva para el derrocado mandatario, quien es investigado por el presunto delito de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias. La abogada de Castillo reveló que exmandatario dejó de comer en penal Barbadillo por miedo a morir envenenado y que la salud del maestro rural se encuentra deteriorada.
El jefe de gabinete del gobierno peruano, Alberto Otárola, culpó al exmandatario de la filtración de audios y mensajes sobre supuesto financiamiento de la campaña electoral de la presidenta por parte de un exasesor de Inteligencia, investigado por ser miembro del llamado "Gabinete en la Sombra", grupo de funcionarios leales a Castillo que presuntamente operaba como una organización criminal para obtener ganancias ilícitas.
El abogado Eduardo Pachas, quien defiende al exmandatario de Perú, cuestionó la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley, manifestando que presentará una apelación al dictamen judicial. El derrocado mandatario es enjuiciado por liderar una presunta organización criminal en la modalidad de colusión y tráfico de influencias.
El juez Juan Carlos Checkley accedió al pedido de la Fiscalía para que el exmandatario peruano continúe en prisión el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción. En paralelo, la fiscal suprema adjunta de la Nación, Galinka Meza anticipó que el derrocado gobernante podría sufrir una condena de 32 años de cárcel.
Mundo Gobierno de Perú afirma que no va a permitir que el “golpista” Castillo les lleve ante la CIDH
El ministro de Justicia peruano, José Tello, frente a la intención del derrocado mandatario de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr su libertad, expresó que “es algo que no vamos a permitir (...) hay que decirlo claro, que un presidente golpista que quebró el orden constitucional pretenda llevarnos a instancias internacionales”.
“Piden que se cierre el Congreso, yo no puedo cerrar el Congreso. Piden que haya asamblea constituyente, yo no puedo hacer una asamblea constituyente. Están pidiendo que libere al expresidente Pedro Castillo. Yo no puedo liberar a Pedro Castillo”, señaló la mandataria peruana en declaraciones a la prensa. Boluarte agregó que ella, el primer ministro o los ministros no tienen capacidad para resolver dichos puntos políticos.
La decisión de la fiscalía se conoce luego de que el Congreso aprobara el viernes una denuncia constitucional contra el exmandatario por posibles casos de corrupción durante su gestión, antes de ser removido por intentar disolver el Parlamento. Castillo solicitó a la Comisión Interamericana de DD.HH., su restitución como presidente constitucional del Perú y su inmediata libertad,
El próximo viernes 17, en sesión plenaria, el Parlamento peruano verá la situación del derrocado mandatario, quien es sindicado por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Castillo se encuentra recluido en el penal limeño de Barbadillo mientras cumple prisión preventiva de 18 meses.
La medida contra el exmandatario izquierdista responde a la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides contra el derrocado gobernante por las irregularidades y presunta corrupción en casos relacionados con grandes obras públicas y entidades fiscales de ese país.
El exmandatario peruano fue entrevistado por el diario español El Salto sin contar con la autorización del Instituto Nacional Penitenciario, lo que obligó al organismo a iniciar un segundo proceso tras la publicación de una carta abierta de Pedro Castillo en Twitter, en enero último.
El exmandatario peruano intentó frenar la indagatoria que lo afecta por la presunta comisión de delito de rebelión y por la que se encuentra en prisión preventiva. Los abogados de Castillo habían señalaba en la acción legal que el Congreso no siguió una conducta “regular” porque se habría vulnerado su defensa.
