La moción, aprobada por 74 votos a favor, 40 en contra y cuatro abstenciones, fue motivada por las “constantes incitaciones en la política nacional" por parte del exmandatario boliviano.
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Fuentes cercanas al entorno de Dina Boluarte citadas por el diario La República señalaron que la mandataria pensó dimitir en dos ocasiones tras los primeros decesos que se registraron durante las manifestaciones de diciembre pasado, pero su premier la convenció de quedarse.
El primer ministro Alberto Otárola informó que la situación general del país era de "normalidad", aunque hubo bloqueos en las regiones de Cusco y Puno, los que afectaron el transporte principalmente de turistas y comerciantes en esas zonas.
La Corte Suprema de ese país declaró como "infundado" el recurso de apelación interpuesto por el exmandatario y confirmó su encarcelamiento por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Al mismo tiempo, el máximo tribunal le impuso 18 meses de impedimento de salida del país al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
El destituido mandatario peruano manifestó durante audiencia judicial que no tuvo ninguna responsabilidad en el fallido golpe de Estado y que su encarcelamiento es una “venganza política”. Afirmó que “jamás” ha cometido un delito de rebelión y que no llamó a levantarse en armas a nadie. ”Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más 30 peruanos es el actual gobierno”, demandó.
El Fiscalía General de Perú informó, a través de Twitter, de que por el momento solo ha detenido a seis personas, de los 26 allanamientos que se han realizado en distintas ciudades del país. Los individuos investigados habrían pagado entre 20 mil y 30 mil dólares por su ascenso a general durante el primer año del gobierno del exmandatario, en el año 2021.
La bancada del partido Perú Democrático en su propuesta indica que “de acuerdo con nuestro Código Penal, un mensaje televisivo del presidente de la Republica de Perú no constituye delito de rebelión, conspiración o tentativa”. Y agrega que el exmandatario “tampoco emitió ninguna orden escrita a las FF.AA. ni a la Policía Nacional para impedir ni obstaculizar" a los poderes legislativo y judicial.
Dos exsecretarios de Estado que estaban en la sede de gobierno ese 7 de diciembre, contaron que fueron sorprendidos cuando el expresidente salió en televisión para decir que cerraría el Congreso. “Entro y le digo: esto es un delito", asegura que le dijo el exsecretario de Estado de Cultura, Alejandro Salas, al enfrentarlo en su despacho.
Con 13 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento peruano evaluará la acusación constitucional presentada por la bancada conservadora de Avanza País.
El Instituto Nacional Penitenciario del Perú explicó que una comisión técnica, integrada por un psicólogo, un abogado y una asistenta social, determinó que el exmandatario cumpla los 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo, en Lima, para velar por su seguridad personal. En el mismo lugar el exdictador Alberto Fujimori purga una condena a 25 años por delitos de lesa humanidad.
La canciller Ana Cecilia Gervasi dijo que la medida responde a la "intromisión en los asuntos internos" del país por parte de los gobiernos de esas naciones.
La fiscal nacional Patricia Benavides le solicitó que se sometiera a la colaboración eficaz con el propósito de que revelara las personas que estuvieron involucradas con la redacción del mensaje en el que anunció la disolución del Parlamento, el pasado 7 de diciembre, pero encontró la negativa del exgobernante izquierdista.
En una carta que escribió desde la unidad policial donde se encuentra detenido en Lima, el destituido mandatario peruano manifestó que “sigue el atropello, la humillación y el mal trato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva". "Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por mis derechos y de los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”, demandó.
El exmandatario peruano continuará detenido de forma provisional hasta que se resuelva la petición de la Fiscalía.
El requerimiento del Ministerio Público fue presentado luego de que el juez supremo Juan Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, aprobó la formalización de la investigación preparatoria contra el exmandatario y el expresidente del Consejo de Ministros, Anibal Torres.
