Entre otras cosas, la institución argumentó su decisión señalando que la norma "en ningún caso obsta o restringe el debido cumplimiento de la institucionalidad ambiental vigente a la que se encuentran sujetas las entidades que operan centrales de generación de energía en base a GNL”.
Tres organizaciones, entre ellas la Fundación Chile Sustentable -liderada por Sara Larraín- presentaron, en agosto pasado, una solicitud para eliminar el criterio que permite a las unidades que utilizan gas natural, ser despachadas preferentemente al sistema eléctrico. Varias empresas solicitaron información al regulador sobre el proceso. En paralelo, la generadora de capitales frances, Engie, se hizo parte en la causa que lleva el Tribunal de la Libre Competencia por el mismo tema.
La compañía de capitales españoles envió un oficio a la Comisión Nacional de Energía en el que solicita activar el mecanismo de revisión del precio de la energía establecido en la licitación de 2015/01. Se trata de la primera vez que un suministrador solicita invocar el instrumento legal. Los expertos consultados advierten que se tratará de un extenso proceso.
El Ejecutivo contratará a tres expertos para definir el diseño de un instrumento para morigerar el incremento en las cuentas con consumos eléctricos por sobre los 500 kW/h mensuales, con foco en pymes. La idea es comenzar su tramitación después de Fiestas Patrias.
Los interesados en desarrollar algunas de las obras listadas deberán reunir y presentar los antecedentes correspondientes para luego ser evaluados por el Coordinador Eléctrico Nacional y de la Comisión Nacional de Energía.
La Comisión Nacional de Energía accedió a las solicitudes presentadas por la misma compañía y empresas distribuidoras, aduciendo razones de fuerza mayor para poner fin a los contratos de suministro eléctrico adjudicados en 2016. El Consejo de Monumentos Nacionales ordenó paralizar totalmente las obras en diciembre de 2021, pero su construcción ya fue retomada tras recibir las autorizaciones correspondientes.
Eso sí, Marco Antonio Mancilla reconoció la necesidad de “hacer la arquitectura adecuada” para el financiamiento de la medida, punto que levantó una fuerte polémica en el sector eléctrico durante 2019, cuando su obligatoriedad tuvo que revertirse.
Con este nuevo informe, la propuesta para este año suma 30 proyectos de US$380,6 millones de inversión.
Un estudio realizado por la consultora Gasthermica identificó la estructura de costos completa de la industria, mientras que el de la agencia de libre competencia analizó el margen bruto, un punto que siempre cuestionaron desde las empresas. Dicho insumo sería parte de los aspectos usados para el análisis que ha realizado el Ejecutivo, que prepara el ingreso esta semana de un proyecto de ley para hacer cambios regulatorios a la industria.
El actual mandatario Guillermo Lasso no participará como candidato en los comicios y su partido tampoco se presentará a la elección legislativa.
El nuevo proceso considerará la posibilidad de traspaso de costos sistémicos como los pagos laterales hacia los consumidores finales de energía, algo que actualmente deben asumir las generadoras, y que hoy complica mayoritariamente a las ERNC, presionando la situación financiera del sector.
Así lo señaló este jueves el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, que en una entrevista a la cadena Ecuavisa reconoció que todos los plazos deberán ser “ajustados”.
El organismo admitió la dificultad de organizar elecciones presidenciales y legislativas en apenas tres meses.
El proceso permitirá que se pueden proponer obras de expansión que no hayan sido consideradas en el plan de la Comisión. Gremios energéticos plantearon la necesidad de mejorar el mecanismo, apuntando a ciertos desincentivos a las inversiones.
La medida es la primera de las acciones de la agenda anunciada este lunes por el ministro de Energía, Diego Pardow. Según estimaciones de la autoridad, la eliminación de la compensación B es favorable para las centrales sin emisiones, quienes durante el año 2022 pagaron un total de $3.083 millones por dicho concepto, monto que ahora se reduciría a $13,5 millones.
