Se trata de Claudia Dill, quien llegó a Chile a fines de enero para tomar el control de la firma en medio de la crisis que generó la demanda que interpuso Codelco por sobrecostos en las pólizas de seguros de algunos de sus sindicatos. Hoy la CMF está realizando una investigación ante la eventual responsabilidad administrativa de la firma en el caso.
La estatal presentó este domingo un recurso de apelación ante decisión del Tribunal de Garantía de Calama de aceptar el desistimiento total del caso y no solo a lo relacionado con Chilena Consolidada. El Tribunal acogió la medida y se espera que la Corte de Apelaciones de Antofagasta vea la causa la próxima semana.
Un primer paso lo dio el lunes último, cuando acordó el pago de US$ 22 millones a Codelco y sus trabajadores, por el impacto del sobrecosto en las pólizas de seguros.
El ejecutivo, quien se integró a Codelco en 2011, permanecerá en el cargo hasta fines del próximo mes.
El proyecto Llurimagua lleva desde noviembre del año pasado frenado, pues aún el directorio de Enami EP firma el acuerdo.
Documento que presentó esta semana para sacar a Chilena Consolidada de la acción penal presentada en enero, la dejó fuera del caso. La cuprera está estudiando las acciones que tomará, mientras, asegura que “seguirá persiguiendo la responsabilidad penal en este caso”.
La mañana del martes llegaron a la comuna del norte las casi dos mil páginas de la investigación interna que Chilena Consolidada inició para conocer el impacto del sobrecosto de las pólizas de seguros de vida y accidente que tomaron algunos sindicatos de Codelco durante 14 años.
Con el acuerdo, la cuprera se desiste de las actuaciones judiciales civiles iniciadas en enero pasado y a la futura acción civil que la estatal estaba estudiando iniciar con la compañía de seguros. Pero también Codelco renuncia a seguir acciones penales en el futuro contra Chilena Consolidada Seguros de Vida por los mismos hechos.
La empresa dijo que su intención siempre fue lograr un acuerdo con la estatal.
Con el acuerdo se pone fin a la arista penal que la estatal abrió en enero de este año y donde acusó ser víctima de un “fraude orquestado”.
En el escrito se solicita que el presidente de la FTC, Patricio Elgueta y el secretario general, Héctor Milla, paguen una multa de 150 UTM (unos $7.540.800) por no convocar a un Consejo Extraordinario que defina una nueva quina.
En el marco de una visita en la mina El Teniente, Octavio Araneda aseguró que en la compañía hay actualmente unos 100 casos activos de Covid-19.
Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, concluyó que la aprobación de la superintendencia al plan de cumplimiento de la fundición y refinería, que opera en la zona de Quintero-Puchuncaví, fue totalmente legal.
Héctor Rocco es parte de los dirigentes sindicales que la empresa solicitó desaforar en enero pasado, por el rol que jugó en el caso seguros.
El primer paso de este retorno gradual se iniciará la próxima semana en Chuquicamata Subterránea, proyecto que está suspendido desde el 20 de junio.
