La estatal dio un plazo de diez días a la firma que desarrollaba un contrato por movimiento de mineral y tierra en la operación. Ayer también se aprobó una comisión investigadora sobre el tema en la Cámara Baja.
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La estatal dedicó en la última edición de su revista interna, "Mi Turno", una plana completa a desmentir las informaciones que vinculaban a la operación con la crisis que afecta a Quintero y Puchuncaví.
Ministro Prokurica dijo que la medida busca proteger las obras y también a los 2.500 trabajadores de Astaldi.
La constructora italiana, que mantiene un contrato por US$450 millones para obras de Chuquicamata Subterránea, enfrenta una compleja situación en italia, debido a un elevado nivel de deuda. Esto encendió las alarmas en la estatal, que el lunes cobró una boleta de garantía por US$62 millones.
El presidente del directorio de la estatal, mantuvo hoy la primera reunión con el contralor, Jorge Bermúdez, tras la suspensión de la acción judicial, por 90 días, que ambas partes mantienen en la justicia.
La estatal analiza los distintos escenarios que podrían generarse, en el marco de la débil situación financiera de la italiana.
La iniciativa de US$ 1.000 millones permitirá dar continuidad a la División Salvador.
La idea es apoyar el financiamiento del plan de inversiones por US$ 40 mil millones de la próxima década.
Ambas partes presentaron un escrito de suspensión de procedimiento de común acuerdo ante el 25° Juzgado Civil de Santiago y la idea es que durante la suspensión se alcance un acuerdo.
El presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, también dijo que la firma estudia proyectos de exploración en Brasil, Ecuador y Kazajistán.
Ante el laudo arbitral dictado el pasado 5 de septiembre, ambas partes presentaron recursos de apelación. Además Codelco presentó un recurso de casación en la forma. Por lo mismo, el propio juez árbitro derivó el expediente de más de 5.000 hojas a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Ministro de Minería, Baldo Prokurica, "no nos parece que una empresa del Estado tenga presentada una demanda en contra de una institución como la Contraloría".
"Codelco Ventanas no ha sido vinculada por ninguna de las autoridades gubernamentales ambientales ni sanitarias a la crisis ambiental actual de la zona", sostuvo el documento frente a la crisis ambiental de la zona.
Con este convenio de colaboración, el gobierno pretende poner fin a la extensa pugna judicial que enfrenta a la estatal con la entidad fiscalizadora. La propuesta, que será dada a conocer hoy, busca que tanto Cochilco como Contraloría "trabajen de manera coordinada por el cuidado de los recursos públicos".
Sindicato cuestiona errores de la administración en el plan minero de la faena y "graves irregularidades" en la adjudicación de contratos al consorcio Trepsa Cerro Alto.
