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Los ingenieros que trabajaban en la empresa de luminarias led dijeron que se reunieron varias veces con el expresidente del PPD y un gestor de Itelecom, en el Hotel Solace durante 2019. Según declararon, el exedil les comentó que tenía contactos en el municipio de Lo Prado, entre ellos, su esposa era la secretaria de planificación. Sin embargo, al final la licitación se declaró desierta. Anteriormente, en 2018, Navarrete -según declaró el directivo de Itelecom, Pedro Guerra- intentó favorecer a la empresa hablando con el alcalde de Iquique. El exjefe comunal explicó a La Tercera que se reunió dos veces con un gestor de la empresa, porque le había pedido información sobre el proyecto de recambio de luminarias y descartó irregularidades.

El 23 de febrero pasado, Marcelo Lefort declaró por segunda vez en el caso. Esta vez apuntó a los sobornos en el gobierno que le permitieron adjudicarse millonarias licitaciones. Reveló que, en total, a Paul Pacheco, quien trabajaba directamente en la la División de Proyectos de Alumbrado Público y era presidente de la comisión evaluadora de algunas de esas licitaciones, se le pagaron $140 millones desde 2017 y que, incluso, le quedaron debiendo parte de las coimas pactadas cuando era funcionario público.

Marcelo Lefort, el principal imputado por millonarios sobornos a funcionarios públicos en el negocio de las luminarias led, ha presentado dos informes periciales al tribunal para intentar acreditar su arraigo social y familiar, además de lo mucho que le ha afectado su estadía en la cárcel, y así poder sustituir la medida cautelar que lo ha tenido casi un año privado de libertad. Según los documentos, hoy destina su tiempo a "diseñar proyectos y a replantearse temas vitales" en medio del encierro en el anexo Capitán Yáber. En febrero fue la sexta y última vez que intentó -sin éxito- cambiar su medida cautelar.

La fiscalía investiga a la empresa de luminarias led por presuntos sobornos a 11 municipios a cambio de adjudicarse millonarias licitaciones. Uno de sus mayores proveedores era GHL, una empresa que facturó $ 650 millones a Itelecom, pero que nunca tuvo trabajadores. Según se desprende del expediente judicial, el Ministerio Público descubrió que la firma captaba a personas en situación de calle para que inscribieran empresas que, a la vez, serían "proveedores" de GHL a cambio de dinero. Así se creó, según un informe policial, la fórmula de facturas falsas que habría servido al imperio de Marcelo Lefort para pagar sobornos a funcionarios públicos.

En la auditoría de 68 carillas, la Contraloría concluye que en cuanto a "los pagos asociados al proyecto 'Sistema de Vivienda y Urbanismo' mediante JBoss, sin un producto de software operativo, se formulará el reparo pertinente por un monto de $ 535 millones". Esto significa que el ente contralor no ha acreditado que los servicios que fueron contratados por el Minvu, fueron efectivamente ejecutados, entre ellos, la implementación de software y las licencias informáticas.

"Atento a los elementos de prueba incorporados a la causa, los descargos de los imputados y los dichos de los 'arrepentidos', se encuentran reunidos elementos suficientes para ampliar la declaración indagatoria", señaló el juez argentino.

Antecedente se divulgó en Comisión de la Cámara que investiga presuntas faltas en el organismo.

El ex comandante en jefe del Ejército, dijo que el que recibe las comisiones ilegales "es el complicado".

La noticia causó molestia entre los miembros de la comisión.