Al testificar ante la comisión de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección, Cassidy Hutchinson -una poco conocida excolaboradora de la Casa Blanca-, describió a un mandatario desafiante ese día, que intentaba que manifestantes armados evitaran las revisiones de seguridad en la protesta organizada para desconocer su derrota electoral, y que tomó el volante del vehículo presidencial cuando el Servicio Secreto se negó a dejarlo ir al Capitolio.
En un discurso dirigido a conservadores religiosos en un enorme complejo turístico en Nashville, el expresidente de EE.UU. criticó el viernes los esfuerzos de la comisión por considerarlos una “producción teatral de ficción política partidista” e insistió en que no había hecho nada malo. “Lo que están viendo es una completa y total mentira. Un fraude total y absoluto”, aseguró.
Testimonios ante comisión que investiga asalto al Capitolio dejaron en evidencia que asesores más cercanos, e incluso su familia, le refutaron sus afirmaciones falsas de fraude electoral, pero el exmandatario se aferró a teorías de conspiración para mantenerse en el poder, en vez de reconocer su derrota. La “gran mentira” de Trump se amplificó con el intento de sus seguidores de bloquear la victoria de Biden.
Con un video nunca antes visto de 12 minutos de duración que muestra los hechos de violencia del 6 de enero de 2021, la Comisión de la Cámara de Representantes proporcionó detalles apasionantes al sostener que las repetidas mentiras de el exmandatario sobre supuesto fraude electoral y su intento público de anular la victoria de Joe Biden, condujeron al ataque y pusieron en peligro la democracia estadounidense.
“Agradecemos al gobierno del Presidente Gabriel Boric y a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, porque ellos le pusieron urgencia a este proyecto que es parte de la agenda anti-abusos", dijo el senador Walker.
“Los principales responsables son el Ejército Nacional. La Comisión constató que se consolidó un entramado de actores estatales y no estatales con diferentes niveles de jerarquía, participación y responsabilidad”, dijo el martes el comisionado, Alejandro Valencia, nombrando a la Armada Nacional y la Justicia Penal Militar, entre otros. Los hechos ocurrieron bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe, entre los años 2002 y 2008.
La comisión mixta retomará la discusión el lunes a las 10:30, donde deberá comenzar a resolver los nueve nudos que hay para aprobar la iniciativa.
La instancia estará integrada por 6 parlamentarios de oposición y 4 del oficialismo. Es muy poco probable que iniciativa logre terminar su trámite antes de las elecciones del 21 de noviembre.
Tras el rechazo en el Senado la instancia deberá elaborar un informe que tendrá que ser votado por ambas cámaras.
Los requerimientos se producen un día después de que la comisión de la Cámara de Representantes emitió citaciones para seis allegados al exmandatario que propagaron información falsa sobre un supuesto fraude en las elecciones y que elaboraron una estrategia sobre cómo anular la victoria de Joe Biden. “La Comisión Selecta quiere conocer todos los detalles de lo que ocurrió el 6 de enero y en los días previos”, dijo Bennie Thompson, presidente del panel. “Necesitamos saber exactamente cuál fue el papel del expresidente y sus socios en las labores para interrumpir el conteo de los votos electorales y si estuvieron en contacto con alguna persona externa a la Casa Blanca que intentara anular el resultado de las elecciones”, agregó.
El documento será ahora remitido al Tribunal Supremo, la Fiscalía brasileña y al Tribunal Penal Internacional de La Haya, para que se valoren las solicitudes realizadas por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado brasileño.
Tras seis meses de investigación, la comisión de la U. de Chile que analizó los supuestos fraudes de los que fue acusado, lo eximió de culpa, aunque le reprochó algunas conductas. En su primera entrevista, reconoce errores, desprolijidad, pero descarta cualquier intencionalidad. “Fue humillante”, dice.
La idea es acelerar y facilitar nuevos puestos de trabajo, los que se han estancado durante este año, a pesar de que la economía ya casi ha recuperado lo perdido durante la pandemia. La instancia, que cuenta con 10 expertos, tendrá plaza hasta el 30 de agosto para entregar sus recomendaciones.
La votación en el Senado fue de 54 votos a favor y 35 en contra, seis menos de los 60 votos necesarios para ratificar un proyecto aprobado por la Cámara Baja.
