Desde el ministerio dijeron que analizarán las sentencias y podrían tomar medidas que llegarían hasta la destitución de funcionarios. Desde Defensa y Justicia también pidieron los detalles de las causas. Expertos indican la necesidad de legislar sobre el tema.
La Superintendencia de Educación detectó a 60 personas que estaban en el registro de inhabilidades por delitos sexuales contra menores.
Proyecto de ley indica que delitos con penas sobre cinco años no tendrán salidas alternativas.
Medidas accesorias por casos de VIF aparecen desde 2005 en Certificado de Antecedentes. El año pasado, 8.363 personas ingresaron al registro especial. De éstas, 349 fueron mujeres.
Senadores analizan modificación de ley para incorporar a personas condenadas antes del inicio del registro de inhabilidad. Expertos señalan que es fundamental realizar un monitoreo de los sentenciados para que no reincidan.
Juzgado indicó que no solicitó el traslado de los tres reos y se indaga si hubo falsificación. Usaron una llave maestra para abrir los grilletes. Uno de ellos se había fugado de otra cárcel en 2004.
Desde la entidad aseguran que las 9.158 personas que accedieron a este beneficio -entre enero y agosto- no tenían antecedentes. El análisis realizado en el período enero-agosto destaca, además, que 13.704 personas quedaron sujetas a prisión preventiva (5,9%).
Catastro abarca a 11 mil jóvenes que cumplieron penas por infracción a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, entre 2009 y 2010.
Un 50,9% de los infractores que en 2010 cumplió su condena, ha reincidido. La mayoría de estos ilícitos son leves o poco graves.
Entre los procesados se encuentra Timochenko, líder de la guerrilla, e Iván Márquez jefe negociador en los diálogos de paz con el gobierno colombiano.
Con votos de la oposición, comisión de Constitución rechazó iniciativa presentada ayer por el diputado Jorge Ulloa. El parlamentario defendió el proyecto recalcando que con ello buscaba lograr "la paz nacional".
Proyecto de ley no se aplicará para delitos graves como homicidios, cohecho y robos con violencia. Actualmente, la ley prohíbe que personas con antecedentes penales puedan ser empleados fiscales.
Irma Ovalle Oyarzún y el sicario que contrató para matar a su marido recibieron una pena de 20 años sin beneficios.
Comuneros condenados por el ataque al fiscal Mario Elgueta están fuera de riesgo vital en el Hospital de Victoria.
Según una ley iraní la obtención y distribución de más de 30 gramos de droga se castiga con la muerte.
