Este lunes los representantes del órgano redactor de la izquierda se reunieron con los timoneles de sus respectivos partidos, instancia en la que se analizó invitar a organizaciones de la sociedad civil para mostrar mayor amplitud respecto del rechazo al texto elaborado por el Consejo. El hito, que podría realizarse este jueves, estará a cargo de los consejeros y expertos de las colectividades de gobierno.
Este lunes el pleno someterá a evaluación las propuestas de solución que emanaron de la Comisión Mixta. El jueves será la votación final del texto en su integridad.
La presidenta del Consejo Constitucional se refirió a las críticas oficialistas que han surgido por el texto elaborado en el actual proceso, asegurando que se hizo difícil construir acuerdos "sobre todo si la izquierda se atrinchera en una posición y no da margen para acercarse a un punto de encuentro”.
Las 32 normas que se fueron a la comisión mixta serán sometidas a la confirmación por 3/5 del pleno de consejeros. Con esto el borrador quedará listo y se espera que sea sometido a una última votación durante la tarde del jueves. Ya con eso la eventual nueva Carta Fundamental será entregada en una ceremonia oficial el 7 de noviembre y así el Presidente podrá convocar a plebiscito.
Dentro de las indicaciones más polémicas se respaldaron las propuestas de la derecha en torno a la exención en el pago de contribuciones, la objeción de conciencia y la reelección de autoridades.
El texto que se plebiscitará en diciembre propone una serie de modificaciones para arreglar los problemas de gobernabilidad. Mientras algunos consideran que los cambios fueron temerarios, otros los califican de conservadores, algunos de gatopardismo, de mantener el statu quo y -los más optimistas- de avanzar razonablemente en el camino correcto.
El comisionado socialista detalla por qué cree que la propuesta de Constitución que se plebiscitará el 17 de diciembre “está mala”.
La izquierda optó por mantener la sugerencia realizada por la Comisión Experta para eliminar el artículo que termina con este impuesto territorial a las viviendas. La oposición propone que su implementación sea gradual y "a razón de un veinte por ciento anual hasta su implementación total al quinto año". El Partido Republicano y Chile Vamos eliminaron la mención a la variante personal e institucional de la objeción de conciencia y aclaran que ese derecho se "ejercerá conforme a la ley".
Se adoptó la definición de no presidencializar la franja televisiva, mientras que los partidos ya designaron a jefes de campaña y a los coordinadores de las piezas audiovisuales.
Los partidos de gobierno se preparan para anunciar formalmente que están “En contra” del texto del Consejo. Fijar esa postura, reconocen en el sector, los deja en una posición compleja:encontrar un relato que no implique defender la actual Carta Magna, cuyo origen está en la dictadura.
El senador, quien promueve la postura por el “A favor”, afirma que en su partido no habrá libertad de acción. Además, descarta que el texto escrito por el Consejo sea la Constitución de José Antonio Kast. “Nadie puede pretender transformar esta campaña en una propia”, dice.
Originalmente, el plazo para que los miembros votaran las propuestas de solución estaba fijado para las 15.00 del sábado, pero luego de un acuerdo unánime, se extendió el cronograma.
Ricardo Mewes, líder del gremio, se mostró abierto a aprobar la propuesta de texto que el Consejo Constitucional presentará el 7 de noviembre. "Analizamos todos los acuerdos que ha habido en materia económica y de sustentabilidad, y a mí me parece que el texto que hoy tenemos da para cerrarlo”, señaló.
Los integrantes de la instancia tienen plazo hasta las 23.59 de este viernes para presentar sugerencias. Esto, frente a las 32 observaciones que hicieron los expertos a la propuesta de nueva Carta Magna y que no lograron ser aprobadas en el Consejo. Se resolverán aquí algunas de las materias más controversiales de todo el debate constitucional, como la exención de contribuciones y la objeción de conciencia.
En medio de presiones para que se manifieste por el "A favor", la alcaldesa de Providencia ya ha entregado su opinión negativa respecto de dos normas particulares, lo que complica, según dicen en el sector, que haga un apoyo explícito.
