Confederación de la Producción y del Comercio llamó a generar "buenas leyes", en tanto la CUT aplaudió la sentencia que legitima el uso de grabaciones ocultas para denunciar malas prácticas.
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Ambos organismos acordaron un plan de colaboración. La institución comenzará a implementar auditorías externas, una de las recomendaciones del Consejo.
El Consejo para la Transparencia aseguró que "las hojas de vida son de interés público. El problema en este caso fue el procedimiento".
El abogado -a quien le corresponde encabezar el organismo cuando se cumplan 10 años de su creación- sostiene que la institución que dirige el general Bruno Villalobos no ha tomado medidas sustantivas tras el estallido de las crisis y que ello ha mermado su credibilidad en la ciudadanía.
Según explicó la autoridad, con estas medidas se pretende hacer frente a los diversos casos de corrupción que han involucrado a estas instituciones durante los últimos años.
"No se necesitan resolver las causas judiciales para tomar medidas administrativas y resguardos para blindar una institución ante nuevos actos de corrupción", dijo el presidente de la entidad, Marcelo Drago.
Gloria de la Fuente y Francisco Leturia precisan que este cambio se debería dar en el marco de una modificación de la institucionalidad del Consejo. Además, esta reforma tendría que apuntar a ampliar a los sujetos obligados bajo su fiscalización.
Marcelo Drago recalcó que respaldo de archivos es una de las obligaciones que deben cumplir quienes se desempeñan en el aparato público. Asimismo, enfatizó que Chile aún presenta atrasos en materia de gestión documental.
Marcelo Drago sugiere perfeccionar la norma, pues a su juicio, sólo es un registro de audiencias, viajes y donativos.
La "cartilla" de catorce páginas detalla los deberes y sanciones que deberán cumplir las autoridades en relación a lobby, fideicomiso ciego y declaraciones de intereses, entre otras normas.
A través del hashtag #CuidaTusDatos, el Consejo para la Transparencia llamó a comprobar la veracidad y la confiabilidad de las aplicaciones que se utilizan, pues podrían sustraer información personal.
Marcelo Drago, presidente de la entidad, criticó la resolución del Minsal que beneficiaba a la secretaria de Estado con más de $80 millones y aseguró que el caso "merece el mayor repudio".
