El organismo rechazó ayer la toma de razón del convenio debido a “pagos injustificados” en algunas prestaciones. Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales justificó estos servicios adicionales al señalar que "una cosa es un contrato por un arriendo de un espacio físico, y otra muy diferente es convertir esa bodega en un centro hospitalario".
El organismo representó el convenio debido a que “no se advierte justificación para que se establezca el pago de determinadas prestaciones (...) pues aquellas ya se encuentran comprendidas dentro de las obligaciones que tiene el Centro de Convenciones Santiago S.A., en su calidad de parte arrendadora", en el acuerdo suscrito por parte del Servicio de Salud Metropolitano Norte.
Jorge Bofill, socio fundador del estudio Bofill Escobar Silva, aseguró que, aunque la abogada participa en reuniones de asesoría legal a la concesionaria del aeropuerto, no hay actualmente discrepancias abiertas con el Estado.
Ente contralor tiene en su poder todos los contratos entre Redes Asistenciales y estos recintos. La fiscalía avanza en paralelo.
El 5 de junio se denunció en el ente fiscalizador supuestos actos fuera de norma en la adjudicación del contrato de 18 mil canastas en Arica, avaluadas en $ 900 millones. Una semana después Contraloría declaró ilegal ese contrato, vía trato directo, entre la Intendencia y la empresa Tobar y Tobar Ltda. y anunció un sumario. Ayer, el Ministerio Público inició una investigación penal.
A través de un comunicado, el Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Hacienda, afirmó, además, que pedirán una reconsideración de lo dictaminado por la entidad fiscalizadora.
Según el organismo fiscalizador, el Servicio Civil, dependiente de Hacienda, y que emitió el documento, no cuenta con "las atribuciones para emitir instrucciones" respecto a la materia y que los jefes de servicio son los que deben resguardar la salud de los trabajadores.
Así se indica en una respuesta que le organismo entregó al Congreso producto de la consulta del diputado del PC, Amaro Labra.
El ministro de la Cartera, Jaime Mañalich, explicó que lo que buscan con esta solicitud es "estar seguros y dar transparencia de que la información que estamos dando corresponde a los registros de todas sus fuentes”.
El ente contralor detectó falta de documentación en gastos efectuados entre 2017 y 2018, y pagos no justificados a funcionarios que viajaban al extranjero. Se pedirá restitución de los fondos.
Organismo emitió ayer un documento de tres páginas en el que establece los criterios para la entrega de ayudas sociales, ya sean por vía física o transferencia electrónica.
De esta forma, según explicaron desde el organismo “los funcionarios municipales destinados quedan bajo la autoridad del Seremi de Salud manteniendo así la unidad de acción en materia sanitaria”.
La investigación realizada por el organismo también detectó desembolsos -por parte de funcionarios de la institución- que no correspondían, como por ejemplo para la reparación de dichas casas y compra de útiles de aseo. También se refutó la "compra de un pasaje en avión para la hija de un agregado policial en la Organización de las Naciones Unidad -New York-, todo lo anterior por el monto total de $ 3.679.030”.
El Ejecutivo optó por un cambio de estrategia, ingresando un decreto completamente nuevo que modifica el decreto de Estado de Excepción. En el documento, según transmitieron desde la Contraloría, se excluyó la intervención del Presidente de la República para dar esas instrucciones.
El documento materializaba el anuncio hecho la semana pasada por el Presidente Piñera, pero que había sido cuestionado por algunos alcaldes y parlamentarios. Desde el Ejecutivo, sin embargo, señalaron que el objetivo es introducirle algunas precisiones respecto de los alcances de las atribuciones. Y agregan que existe otro decreto, de Salud, que se mantiene en Contraloría.
