El Mandatario lo calificó como "un hito muy relevante" y una "hoja de ruta que se hace cargo con acciones, con metas y con recursos de un vacío que teníamos como país en la lucha contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales que operan o pretenden operar en nuestro territorio y que no son bienvenidas”.
Según explicó la ministra del Interior, Carolina Tohá, “el objetivo de los estados de excepción es distinto que el de desarmar bandas de crimen organizado".
Efectivos de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas de la PDI y personal de Aduanas, en coordinación con la fiscalía local de Alto Hospicio, lograron detectar 690 toneladas de precursores químicos que permitirían, a lo menos, producir cerca de 50 toneladas de droga. La operación fue calificada como un fuerte golpe al narcotráfico transnacional.
Anteriormente las bandas u organizaciones tenían un foco más "barrial" y ligado a operaciones de tráfico de drogas, pero ahora estas se han diversificado ampliando su catálogo de delitos. De acuerdo con cifras de la PDI, en lo que va del año se han intervenido 194 bandas y 36 organizaciones criminales. Para avanzar en la materia, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia trabajan en convenios internacionales.
El director de la Unidad de Análisis Financiero advierte sobre cómo las bandas están operando para formar empresas para esconder sus ganancias ilícitas. Para la institución que previene el lavado de activos, además, se suma una nueva preocupación: el robo de madera, las casas de apuestas y abogados obligados a reportar operaciones sospechosas.
La partida de la Subsecretaría del Interior contempla un fondo de $ 65 mil millones para financiar el programa que busca perseguir a las bandas criminales. Sin embargo, estos recursos serán administrados por esta cartera y no será un dinero que ingrese directo al presupuesto de las instituciones, como, por ejemplo, a Carabineros. Esta medida fue esgrimida como una de las razones para rechazar esta partida y amenaza con ser uno de los nudos para sortear la discusión en el Senado.
Además, en coordinación con la Fiscalía local de Alto Hospicio, la policía civil logró la detención del líder de la banda, un sujeto de nacionalidad colombiana, y de otros 10 individuos.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, participó de una serie de reuniones y trabajo en terreno con autoridades del gobierno azteca y representantes de la policía de ese país. "Tenemos que focalizar el trabajo sobre quienes están cometiendo estos ilícitos y ya contamos con información relevante", señala Vergara, quien en las próximas semanas inaugurará el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos.
La Subsecretaría del Interior ingresó 35 indicaciones para fortalecer la persecución de estas organizaciones delictuales, donde destacan el uso de técnicas especiales de investigación, entregas vigiladas y el congelamiento de las cuentas bancarias de los integrantes de estos grupos.
El subsecretario del Interior, además, confirmó que la próxima semana tendrá una reunión con los fiscales regionales de Arica y Parinacota, Antofagasta y de Tarapacá, con el objetivo de "fortalecer las capacidades de los fiscales para la persecución del delito”.
La titular de Interior hizo un balance de su reciente visita a La Araucanía y también se refirió a la seguridad pública, afirmando que existe "una crisis sin duda alguna".
Una consulta a la población con ocho preguntas, donde temáticas como seguridad, institucionalidad y medioambiente aparecen, incluye una que entregaría atribuciones a las FF.AA. para colaborar con la policía. Según el gobierno, se pretende generar el marco legal para que puedan cumplir ese rol sin la necesidad de decretar un estado de excepción como hasta ahora.
La iniciativa que busca hacer frente al poderoso crimen organizado, es vista por la oposición y activistas como un paso más en la militarización del país.
Personal de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI logró la detención de la banda integrada por siete sujetos -cuatro de ellos venezolanos-, en circunstancias que se alistaban para recibir un cargamento de droga. De acuerdo con datos de la causa, mantenían rivalidad territorial con miembros del Tren de Aragua, por lo que también se indaga su eventual responsabilidad en delitos de homicidio. Tras ser formalizados por asociación ilícita para el tráfico de drogas e infracción a la ley de armas, seis de los imputados quedaron en prisión preventiva.
