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Algunas de las pancartas de las multitudinarias marchas que han llenado las calles de Santiago y otras ciudades del país desde hace más de una semana dicen que "Chile Despertó". El desenlace de este estallido social aún es incierto. Pero la extensión y la magnitud de las manifestaciones y también de los destrozos provocados por la violencia desatada desde la tarde del viernes 18 de octubre ya registra consecuencias en otros ámbitos. Por un lado están las consecuencias macroeconómicas de la paralización parcial de una parte del país durante al menos una semana y de los negocios e infraestructuras vandalizadas. Por otro lado, se ha instalado la incertidumbre sobre la realización de la COP25 en Santiago, en diciembre.

El estallido social y los atentados que cambiaron radicalmente la realidad del país desataron también la crisis política más grave que ha enfrentado el gobierno de Sebastián Piñera. Más allá de las críticas que concentró su aproximación inicial, centrada exclusivamente en el orden público, y su lenguaje bélico, una revisión a cómo ha evolucionado la comunicación del gobierno a lo largo de la semana da luces de qué ideas o conversaciones se han instalado en el seno del círculo de hierro presidencial. ¿Cómo ha vivido La Moneda su peor semana? ¿A quién escucha el presidente Sebastián Piñera? ¿Qué tan inevitable o postergable es un cambio de gabinete? ¿Qué sabemos de cómo ve el presidente Piñera y su círculo más cercano todo lo que está pasando en Chile?

Con varias ciudades del país bajo estado de emergencia y la consiguiente presencia de fuerzas militares en las calles, sumadas al contingente de Carabineros desplegado, también las denuncias de abusos se han multiplicado. Algunas de ellas se han conocido y viralizado por redes sociales antes de cualquier conducto formal; otras se han prestado para confusiones, tergiversaciones o exageraciones que han contribuido aún más a la crispación ambiente. En cualquier caso, la gravedad de las denuncias ha movilizado a las instituciones a cargo, como el Ministerio Público, que ha definido una hoja de ruta para estas contingencias. ¿Qué rol tienen los fiscales ante los delitos cometidos por la autoridad en un estado de emergencia?

Varias ciudades de Chile se encuentran en Estado de Emergencia desde el fin de semana pasado. En Santiago, llevamos cuatro noches seguidas con toque de queda, en un intento de las autoridades para controlar la violencia. Durante estos días y noches, se han conocido varias denuncias de abusos de fuerzas policiales y militares contra civiles. El último reporte del INDH señala 1.692 personas detenidas en Chile. 144 son niños, niñas y adolescentes. 226 personas heridas, 123 por arma de fuego. Cinco personas han muerto por la presunta acción de agentes del Estado. Se han presentado 26 acciones judiciales. Un equipo de Crónica Estéreo estuvo en la Posta Central para conocer en terreno un ejemplo de qué pasa cuando llega un herido grave durante un toque de queda.

Comenzó con un alza de treinta pesos en el pasaje del metro. Una semana después, el consenso es que comenzó mucho antes. El descontento, el malestar, la rabia, la violencia. Lo sucedido en Santiago desde el viernes pasado, y que luego se extendió por otras regiones durante el fin de semana, pasó de la insubordinación y el reclamo puntual a un movimiento social. Paralelamente, derivó en violencia, en saqueos, incendios, y un nivel de destrucción y caos nunca visto desde el retorno de la democracia. Mientras el gobierno intenta aún controlar una crisis que desborda lo político, con los militares a cargo del orden producto del estado de emergencia en la Región Metropolitana y otras ciudades, con dos noches seguidas de toque de queda… El país inicia una semana como ninguna otra. ¿Cómo puede reconstruirse el diálogo social? ¿Cómo puede la clase política tomar las demandas de la ciudadanía en busca de una solución?

A ningún gobierno le gusta recibir estas cifras, pero a este menos. El Índice Paz Ciudadana, publicado el martes, dio cuenta de un significativo aumento en el número de hogares victimizados en Chile en los últimos seis meses. El 40,6% de los encuestados afirmó que había vivido de cerca la delincuencia, la cifra más alta desde 2014. El nivel de temor en la población también registró un alza: de 10,4% el año pasado a 19,6% en 2019. En Santiago el panorama es peor: la victimización llegó a su segundo peak histórico (45%) desde que en 2000 inició el estudio. Se trata de números que golpean fuerte a un gobierno y a un sector político que tradicionalmente ha levantado el tema de la seguridad como bandera de lucha. Y justamente las reacciones del ejecutivo no se hicieron esperar. Paralelamente, el resurgimiento de la violencia en el Instituto Nacional y las imágenes de las evasiones masivas en el metro como protesta por el alza de los pasajes han contribuido a generar un clima de descontrol, agudizado por algunas declaraciones de personeros oficiales que han gatillado críticas transversales. ¿Está perdiendo el gobierno la bandera de la seguridad y el orden? ¿Cómo impactan estas cifras a su agenda política?

En el largometraje de la Guerra Comercial entre Estados Unidos y China, el mundo está empezando a aprender el libreto, y la nueva puesta en escena se realizó la semana pasada. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que se involucraría en las negociaciones con el enviado especial chino. Luego, el viernes, anunció que había un acuerdo, que sería firmado en la cumbre de líderes de la APEC, en Santiago, en noviembre. El mundo respiró aliviado y luego vino el momento de los paños fríos: quizás lo del acuerdo no sea tan seguro. Quizás es sólo una señal. Y de señales vive, en gran medida, el mercado. Paralelamente, mientras en China se conocían cifras históricas de desaceleración, en Chile una empresa de ese país hacía noticia por una oferta de más de 2.200 millones de dólares por Chilquinta. Con eso, las inversiones chinas en Chile ya suman 10 mil millones de dólares.

Fue una demanda laboral particular la terminó desatando una pugna inédita entre instituciones del Estado, que podría terminar incluso en una reforma constitucional. La tensión entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ya estaba clara a principios de año, pero el texto de un fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal del país desató reacciones, críticas y acusaciones. Fue un "mensaje político" y una disputa sobre quién tiene la última palabra en materia de aplicación de la ley. De paso, volvió a poner en el centro de todo al ex presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz, y evidenció diferencias dentro del mismo tribunal. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Dónde puede terminar este llamado "choque de trenes"?

Desde su origen, en la unión de los ríos Juncal y Blanco, en la cordillera de Los Andes, hasta su desembocadura en Concón, el río Aconcagua recorre 166 kilómetros. A lo largo, viven actualmente 730 mil personas. Desde hace siglos, diversas poblaciones se han establecido o movido en su entorno para encontrar ahí su fuente de subsistencia. Ya desde el siglo XVI se registran poblaciones. El río Aconcagua fue el corredor por donde pasó el Ejército Libertador, y el que hasta hace sólo unos años la gente seguía aprovechando para regar sus cultivos, alimentar a sus animales o simplemente subsistir. El panorama hoy es radicalmente distinto. El calentamiento global, la megasequía, el mal uso del agua que denuncian los pobladores y la poca fiscalización han disminuido el caudal del Aconcagua hasta transformarlo en algunos tramos en apenas un triste arroyo, o menos.

El presidente Lenin Moreno decidió trasladar las operaciones del ejecutivo desde Quito a Guayaquil para sortear lo que llamó un intento de golpe de Estado. En una semana de protestas, cinco civiles han muerto, 122 personas han resultado heridas, ocho policías han sido secuestrados por manifestantes y 766 personas han sido detenidas.

Desde hace tres años, crecientemente, la Tercera Sala de la Corte Suprema ha fallado en favor de una serie de pacientes o familiares de pacientes de enfermedades con tratamientos de alto costo. Acogiendo recursos de protección, el Tribunal ha ordenado al Estado financiar los medicamentos que pueden salvarle la vida a los recurrentes. Han establecido que el derecho constitucional a la vida está por encima de las limitaciones del presupuesto público. Estas últimas, sin embargo, existen. El Estado tiene una cantidad limitada de dinero para gastar en medicamentos. A veces, los números no dan. Y los pacientes que sufren enfermedades poco frecuentes (que no son un mercado masivo ni "atractivo") y necesitan medicamentos demasiado costosos, parecen condenados a morir. A veces los números no dan. A veces la gente está condenada a morir. A veces son niños. ¿Puede la Corte Suprema cambiar esa realidad? ¿Puede el Estado cumplir y, más aún, evitar que esto suceda?

Las protestas en contra del sistema de pensiones han visibilizado desde hace algunos años el descontento de una gran parte de la población con las pensiones que reciben o recibirán, y con la manera en que se administran. Desde hace unas semanas, un nuevo frente se ha abierto: el judicial. Aunque decenas de casos han sido rechazados en diversas cortes, la decisión de un tribunal en Antofagasta de enviar el caso al Tribunal Constitucional elevó el tema a otro nivel e introdujo en el debate una variable nueva: la posibilidad de que un afiliado quiera retirar la totalidad de sus fondos acumulados, de una sola vez. Aunque la decisión del Tribunal Constitucional resulta evidentemente relevante, la estrategia judicial logró instalar el tema, en medio de la discusión de la reforma previsional. ¿Qué escenarios se abren ahora para el sistema de pensiones?

Este es el segundo capítulo de nuestra serie especial en torno al tema más importante y urgente del planeta: el calentamiento global. Según el Banco Mundial el 88% de la población de Chile vive en ciudades, lo que nos convierte en uno de los países más urbanizados del mundo. Eso es un problema. Y uno grande, si consideramos cómo hemos hecho ciudad, generalmente en contra de la naturaleza. ¿Cómo cambiar el enfoque? ¿Qué está pasando o debería estar pasando en nuestras ciudades para adaptarnos y en lo posible luchar contra los efectos del calentamiento global?

A fines de la semana pasada, Latam Airlines, una de las principales empresas chilenas, hizo noticia al sellar un negocio que la cambiará radicalmente. Se trata de el ingreso a la propiedad de la compañía de Delta Airlines, que comprará el 20% de la empresa a través de una oferta pública de acciones, por 1.900 millones de dólares. Además, Delta, la segunda aerolínea más grande de Estados Unidos y del mundo, invertirá otros 2 mil millones de dólares en comprar parte de la flota. Delta, ha estado adquiriendo participación en varias líneas aéreas del mundo: Ya tiene el 49% de Virgin Atlantic y también el 49% de Aeroméxico. Además tiene acuerdos comerciales con Air France-KLM, Korean Air, Virgin Australia y China Eastern. El negocio con Latam tendrá consecuencias importantes en el mercado continental, y de hecho comenzó a tenerlas de inmediato, al obligar a American Airlines, quien hasta ahora era socia de Latam, a reaccionar. Pero también se espera que tenga consecuencias a nivel de los consumidores y la manera en que las aerolíneas se relacionan con ellos, como por ejemplo los programas de fidelización de clientes a través de alianzas internacionales.

El fracaso de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el martes, no sólo salvó su permanencia en el gabinete. Además, sirvió para constatar el estado de las alianzas y pugnas políticas. Principalmente en la oposición, donde volvieron a comprobar que contar con una mayoría parlamentaria no garantiza ganar. ¿Cómo quedó la correlación de fuerzas políticas en la oposición? ¿Cómo podemos esperar que se unan o se dividan de cara a los próximos procesos electorales?