Pese a que se rechazó la mayor parte de las indicaciones presentadas, el Ejecutivo se abrió a patrocinar cambios relativos a la administración de los potenciales excedentes del fondo de Cargo por Servicio Público y a comprometer la aplicación del subsidio en forma simultánea al descongelamiento de las tarifas eléctricas.
La instancia parlamentaria acordó fijar plazo para presentar indicaciones hasta este viernes, y citar a una sesión especial para el próximo 1 de abril para despachar la iniciativa. Además, se insistió en la posibilidad de renegociar el precio de algunos contratos de suministro eléctrico, solicitando mayores esfuerzos a las generadoras, así como también del Ejecutivo para que amplíe el beneficio a un mayor número de familias.
Uno de los creadores de la idea, el director ejecutivo de la ONG Fundación Energía para Todos, Javier Piedra, planteó revisar sólo los contratos adjudicados desde 2023 en adelante. El ministro Pardow reforzó en la urgencia de evitar que la deuda con las empresas siga creciendo, pero que “esta no es una puerta que es necesario cerrar o abrir hoy”.
Un grupo de cuatro diputados oficialistas liderados por Diego Ibáñez, todos representantes de la región de Valparaíso, piden incorporar una sobretasa en el impuesto a las emisiones provenientes de fuentes fijas para poder aumentar el universo al que se le aplicaría el beneficio.
La presidenta de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados adelantó los próximos pasos en la tramitación de la iniciativa aprobada este miércoles por el Senado, y que permite el pago de la deuda por más de US$6.000 millones que mantiene presionados los flujos de las generadoras y cooperativas eléctricas, y ve necesario explorar alternativas que “permitan rebajar” dicho monto.
La iniciativa, que permitirá tanto servir la deuda acumulada con las empresas de generación eléctrica, como moderar -e incluso evitar- las alzas previstas por la Comisión Nacional de Energía, ahora deberá ser vista por la Cámara de Diputados.
El proyecto, denominado de estabilización tarifaria, crea un cargo fijo para los clientes regulados que permitirá servir la deuda acumulada con las generadas eléctricas, y además crea un subsidio dirigido a 850 mil hogares considerados como vulnerables. El ministro Diego Pardow, reconoció que el gobierno está estudiando mecanismos para reducir el impacto en el período inicial del pago de la deuda.
Distintas instancias empresariales afirmaron que la fórmula del gobierno cumple con los objetivos de moderar las alzas que se gatillarían sin modificar el esquema para financiar el pago de la deuda contraída con las generadoras, que ya supera los US$6.000 millones. Además, calificaron como una mala idea la iniciativa que impulsa un grupo transversal de legisladores, ya que los contratos adjudicados con mayores precios empezarán a vencer a partir de este año.
La moderación del aumento se explica por el proyecto de ley ingresado esta semana. Una cuenta tipo de consumo eléctrico mensual promedio superior a los 500 KWh pasaría de los $99.000 actuales a cerca de $119.000, en vez de los $190.000 a los que habría escalado con la normativa vigente. En los hogares de menor consumo que tendrán subsidio, la cuenta bajará en vez de subir.
El ministro de Energía explicó que la fórmula definida para incluir cargos fijos a los clientes regulados entre los años 2024 y 2035 permitirá no afectar la capacidad de pago de los consumidores, ya que alzas bruscas “lo único que hacen es cambiar deudas por morosidad y eso no resuelve el problema de fondo”.
El Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente (MPC), que evitó alzas en las cuentas durante la pandemia, tenía un límite de US$1.800 millones que ahora subirá a US$ 5.500 millones, monto que se adeuda a las generadoras. En concreto, desde el proceso tarifario de este año y hasta 2027, los clientes verán un cargo adicional en sus cuentas de $22 por cada KWh, el que bajará a $9 por cada KWh de 2028 a 2035. Además, se crea un subsidio para mitigar las alzas para 850 mil hogares vulnerables, entre 2024 y 2026.
Pese a que dicha iniciativa estaba comprometida para ser ingresada a tramitación durante noviembre, el titular del ramo recordó que su objetivo es "reformar la ley vigente y evitar este tipo de alzas tan significativas". Además, enfatizó que los ajustes a las cuentas de electricidad “únicamente ocurrirían cuando el Ministerio de Energía emita el nuevo decreto tarifario y éste sea tomado razón con la Contraloría, cosa que no ha ocurrido”.
El informe definitivo adelanta fuertes variaciones para los clientes que superan los 500 kWh al mes, pero cifras de entre 11,55% y 8,21% para los segmentos cuyos consumos promedian los 400 kWh y 180 kWh al mes. Esto, por efecto del mecanismo de protección a los clientes, que privilegió traspasos paulatinos por sobre el IPC para los hogares con consumos menores a los 350 kWh promedio mensual.
Según la instancia, la deuda actualmente ya supera los US$6.000 millones, considerando intereses y reajustes, cifra equivale a la operación de todo el sistema de generación eléctrica de Chile durante un año calendario. Pese a la apremiante situación, el proyecto de estabilización comprometido en octubre por el Ejecutivo aún no tiene fecha clara para su ingreso al Senado, lo que podría complicar el avance de otra iniciativa clave para Energía, como lo es el proyecto de transición energética.
El ministerio de Energía pretende establecer un subsidio eléctrico focalizado en los hogares más vulnerables, en base a una canasta básica energética familiar de 130 kw por mes. Para financiar la medida, el gobierno propone obtener recursos de un incremento transitorio del Impuesto Verde, que grava las emisiones de contaminantes de fuentes fijas. El mecanismo será incluido vía indicaciones en el proyecto de transición energética, para estar vigente a mediados de 2024.
