En la reciente década, alrededor de 100 personas compraron departamentos a menos de 1.000 UF de la Constructora Santa Beatriz -ligada al hoy formalizado Emilio Sironvalle- en distintas ciudades como Antofagasta, San Felipe, Santiago, Chillán y Temuco, que finalmente estaban hipotecados o no fueron construidos.
Tras una querella presentada en octubre de 2018 por el caso SCOMP, en agosto del año pasado se fijó la audiencia para realizar la primera formalización. Sin embargo, el imputado no se presentó ni en esa ni en otras dos ocasiones.
El diputado patrocinante, Marcelo Schilling, ingresará hoy iniciativa que amplía el catálogo de delitos, establece más circunstancias agravantes y aumenta las penas individuales.
A su vez, en los últimos 10 años, solo ha habido algunos casos de entrega de información falsa que han terminado en prisión preventiva, pero sumándose a otros delitos.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, también adelantó que el resto de la agenda podría presentarse durante esta semana.
En dos oportunidades, el Ministerio Público ha intentado formalizar al suspendido asesor previsional Andrés Orrego en el marco del caso Scomp, pero el imputado no se ha presentado. El tercer intento será el 8 de noviembre.
En el primer semestre, la Unidad de Análisis Financiero detectó 423 reportes de operaciones sospechosas con claros indicios del ilícito, 265% más que en igual lapso de 2018, de las cuales la mayor parte provino de operadoras de tarjetas y de bancos.
La instancia, siguiendo lo fallado previamente por el Tribunal Constitucional, recortó en más de la mitad la sanción contra el controlador de una de las denominadas sociedades instrumentales del cuestionado esquema.
La mayor parte han surgido por la presentación de querellas, donde se han visto involucrados rubros económicos diversos, entre ellos, constructoras, inmobiliarias y empresas de transporte. A su vez, Vivianne Blanlot advierte que si no se aterriza bien la ley se podría generar un gran impacto para el sector privado.
La administradora reclamaba un perjuicio superior a los $33 mil millones (US$60 millones). De este modo, no tuvo la misma suerte que sus pares Habitat, Cuprum y Planvital, ya que en su caso el tribunal de primera instancia determinó que los exejecutivos debían indemnizarlas.
La Fiscalía investiga, en el marco del caso Lava Jato, si Petrobras vendió al banco de inversión participaciones en campos petroleros nigerianos a un valor menor del que habían ofrecido inicialmente otras entidades.
El 9 de agosto, el fiscal Felipe Sepúlveda formalizará al exasesor previsional Andrés Orrego por haber obtenido un beneficio patrimonial ilícito mediante fraude al afiliado, por lo que arriesga cinco años de cárcel. Orrego ya recibió la sanción más alta aplicada por los reguladores financieros.
El ex gerente general de Carlos F. Marín Orrego Corredores de Bolsa, Rodrigo Marín, fue sentenciado por ser autor de los delitos reiterados de estafa, apropiación indebida e invasión del giro bancario.
El Ministerio Público ha abierto 861 investigaciones por este delito desde 2010, de las cuales 111 han terminado con formalizaciones. De estas últimas, 65 casos han tenido sentencias definitivas, donde 47 han sido condenatorias. Los delitos base más comunes han sido el tráfico de drogas, la corrupción pública y los ilícitos económicos.
Ex profesores de educación básica y universitaria. Jubilados que entregaron todos sus ahorros forman parte del listado de 87 víctimas que conforman los afectados por el caso Intervalores, fundado por Gabriel Urenda Salamanca, formalizado por la Fiscalía.
