El texto ingresado por los senadores Walker, Huenchumilla, De Urresti, Núñez, Araya y Rincón tiene como objetivo, según señalan, explicar al Tribunal Constitucional la serie de argumentos expresados por la CPC quien cuestionó ante el tribunal la ley contra los delitos económicos. El "téngase presente" de los parlamentarios sostiene que más bien en esta acción de los empresarios existiría un uso instrumental, el cual debería ser reprochado por el tribunal.
En una presentación firmada por los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, la Confederación de la Producción y del Comercio enumeró diversos vicios de inconstitucionalidad que contendría la iniciativa que fue despachada por el Congreso en mayo. Según la multigremial, el proyecto de ley establece un régimen punitivo distinto a personas que tienen cargos de alta responsabilidad, como gerentes generales y directores, en caso de cometer delitos económicos. Desde el Ejecutivo criticaron la decisión.
En una presentación firmada por los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, la Confederación de la Producción y el Comercio enumeró diversos vicios de inconstitucionalidad que contendría la iniciativa que fue despachada por el Congreso en mayo. Según la multigremial, el proyecto de ley establece un régimen punitivo distinto a personas que tienen cargos de alta responsabilidad, como gerentes generales y directores, en caso de cometer delitos económicos.
La ley de delitos económicos amplió el catálogo de infracciones con persecución penal. La reforma creó dos artículos en la ley de sociedades anónimas. Uno de ellos, el 134 bis, penaliza los “acuerdos abusivos” que adopten los directorios en perjuicio de algún socio. Y extiende esa responsabilidad a los controladores. Las empresas han estado pidiendo asesoría a grandes bufetes de abogados para entender los alcances e implicancias de la reforma más importante desde la dictación del Código Penal en Chile.
De acuerdo al texto ingresado, si bien consta en la tramitación de la iniciativa y en el proyecto se hizo “un cuidadoso estudio de la regulación, el funcionamiento del sistema y sus efectos, se han advertido en esta etapa algunos errores en la propuesta, que requieren ser subsanados, asimismo, existen algunos aspectos que, aunque menores, resulta pertinente, adecuado y deseable enmendar”.
La Policía de Investigaciones ha registrado a nivel nacional durante los primeros meses del año, un total de 8.758 denuncias por los delitos de estafa y otras defraudaciones: un 58,1% más que el año pasado, cuando en el mismo periodo se produjeron 5.537 de estos hechos. En la Región Metropolitana, por ejemplo, este tipo de ilícitos ya alcanza a más de la mitad de todos los registrados en 2022.
Caracterizada por un sistema especial de penas y multas para la criminalidad económica y contra el medioambiente. Revisa los detalles a continuación.
El titular de Justicia resaltó que además, la nueva norma "trata directamente de privar de todos los beneficios ilegítimamente obtenidos a partir de los delitos".
El ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuvo durante el debate en la Sala de la Cámara de Diputados que es “probablemente la reforma más significativa al Código Penal de 1874 que tenemos hasta hoy”.
“Supongo que un marco regulatorio de estas características suele incomodar a los regulados, pero esto no es novedad porque suele pasar cuando hay cambios significativos. Yo diría que es la reforma al Código Penal más importante que hemos tenido en las últimas décadas en Chile”, aseguró el titular de Justicia.
La iniciativa, que se votará en la sala del Senado en las próximas semanas, y ha sido impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, busca que los denominados delitos de “cuello y corbata” tengan penas acordes al daño social que provocan y establece nuevas responsabilidades penales para las empresas, incluyendo personas jurídicas religiosas, partidos políticos y universidades del Estado, entre otras.
En cifras de la PDI, durante el año pasado se registraron 18.104 denuncias por estafas, un 6% menos que el año anterior. Misma situación en el uso fraudulento de tarjetas, el que disminuyó en más de 300 casos. Sin embargo, desde la policía civil reparan en que existe un cambio en la modalidad de defraudar, ya que ahora incluye engaños a grandes grupos de personas, como pasa con las agencias de viajes o supuestas empresas de inversión.
Según el VIII Informe de Tipologías y Señales de Alerta, 229 sentencias han generado multas por $23.263 millones, equivalente a unos US$27, 4 millones. El 99,7% del total se concentra en tres delitos base: contrabando (76,0%), los relacionados con la corrupción (19,3%) y el tráfico de drogas (4,4%).
Según el reporte de la Fiscalía, de los 58.171 delitos económicos y tributarios registrados en Chile al primer semestre del presente año, sólo 10.827 tuvieron algún tipo de salida judicial, dentro de los cuales apenas 2.110 tuvieron como resultado una sentencia definitiva condenatoria. Abogados especialistas en esta materia piden una mayor dedicación del Ministerio Público.
Una serie de sugerencias hizo la CMF a la comisión de Constitución del Senado para mejorar la iniciativa que el año pasado fue aprobada por la Cámara de Diputados y que ahora está en segundo trámite en el Senado, donde ya se aprobó en general. Este gobierno le puso urgencia simple al proyecto, que tiene origen en mociones refundidas. Así, está avanzando de forma silenciosa, pero rápidamente.
