Con la entrega de un paquete de propuestas, el organismo busca transformar la crisis generada por casos de eventuales irregularidades en una “oportunidad” e impulsar cambios estructurales pendientes.
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Tras la reunión, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, emplazó al Presidente Boric a tomar una decisión similar a la de la expresidenta Bachelet en 2015 luego de que estallaran los casos Penta y SQM: pedirle la renuncia a todo su gabinete.
Además la jefa de la Segegob se refirió al escenario actual que enfrenta La Moneda tras la polémica por los cuestionados convenios entre reparticiones públicas y fundaciones, llamando a “no meter a todos en el mismo saco” con el fin de alimentar el descrédito de la política, y afirmando que “no podemos hacer pagar justos por pecadores”.
El titular de Justicia aseguró que "hay un problema estructural" y que "es altamente probable que la auditoría de la Contraloría sea extremadamente severa", con la polémica asignación de recursos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta hacia la fundación Democracia Viva.
Luego de que La Tercera Sábado revelara Contraloría objetó 29 contratos de los 34 casos analizados por no cumplir estándares legales, diversas figuras del mundo político reaccionaron ante la decisión del ente fiscalizador.
El titular de Vivienda señaló que en el caso de su cartera están "redefiniendo los distintos aspectos donde tiene mayor debilidad porque el sistema tiene debilidades en la forma de seleccionar a las empresas”.
La parlamentaria, cuya militancia fue suspendida por un año por el TS del partido, reconoce en la misiva no haber ponderado el impacto político que el caso iba a tener en RD y en el propio gobierno, pero asegura que "estoy tranquila, sabiendo que la verdad se impondrá”.
El titular de Vivienda y Urbanismo comprometió, además, que las irregularidades en la modalidad de suscripción de convenios es "algo que estamos modificando, que va a cambiar".
El ministro de Justicia emplazó a la fundación ligada a militantes RD a restituir los fondos no rendidos, tras la negativa inicial de la institución. "De no hacerlo, no solo arriesgan responsabilidad civil sino que también responsabilidad penal", advirtió Cordero.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que están ante un "problema estructural" que dificulta la eventual devolución de dineros ante irregularidades. Explicó que originalmente las transferencias eran realizadas a los municipios y que cuando el modelo se amplió se siguió utilizando la misma fórmula "por inercia" y que están trabajando por la vía legal para solucionar la no exigencia de estos documentos.
La ministra del Interior aclaró que la ausencia de dicho documento es una más de las laxitudes de una modalidad que "no la inventó este gobierno".
"Siempre hemos estado disponibles a devolver los fondos efectivamente no ejecutados”, declaró la fundación.
Ministro de Justicia dijo que fue su par de Vivienda, Carlos Montes, quien el 4 y 5 de julio informó al Senado y a la Cámara que no existían dichos documentos en los convenios con fundaciones, y que el 14 de este mes solicitó la medida precautoria al Consejo de Defensa del Estado.
El organismo ingresó un recurso al primer Juzgado Civil de Antofagasta para hacer efectiva la medida precautoria -que fue acogida por el tribunal-, ya que consideran que existe un "riesgo evidente de que no cumpla con la obligación de restituir la cuantiosa suma debida al Fisco de Chile".
