De acuerdo con lo expuesto por la abogada que representa a la tienda liderada por Juan Ignacio Latorre, el haber fijado audiencia para discutir la calidad de querellante que se les atribuyó es una determinación "defectuosa e ilegal". Como expone vía un incidente de nulidad, se estarían vulnerando los derechos del partido y además infringiendo el debido proceso. Pese a ello, otros querellantes estiman que esta sería una forma de "dilatar" el proceso. Juzgado tiene tres días para resolver.
El presidente de Convergencia Social planteó que la ONG debe responder ante la justicia y cumplir la resolución para devolver los fondos públicos: "Nosotros esperamos que pongan a disposición toda la voluntad de reparar el daño causado al Fisco".
Desde el Ministerio de Vivienda informaron que la ONG encabezada por Daniel Andrade manifestó "su disconformidad con las observaciones planteadas respecto de las rendiciones de los convenios". De acuerdo con lo resuelto, deben restituir $ 391.768.516, aunque por medio de tres escritos la entidad privada aseguró ser víctima de actos “desmedidos” y fuera de “racionalidad”.
La legisladora y expresidenta de Revolución Democrática (RD) había presentado una licencia médica el 3 de julio. Arribó este lunes hasta la sede parlamentaria en Valparaíso para la sesión del hemiciclo en que se votará la nueva mesa del Cámara Baja.
Hasta Valparaíso llegó esta tarde la parlamentaria, cuya última aparición pública fue en un video del 1 de julio en el que cuestionaba a la directiva de Juan Ignacio Latorre. Este lunes su equipo de colaboradores se reunió, instancia en que se analizaron dos opciones: su retorno a la Cámara para participar de la votación de la nueva testera o la renovación de su licencia médica. La primera alternativa fue la que imperó.
La instancia, creada por el gobierno luego de que salieran a la luz los líos de platas que involucraron a fundaciones ligadas al oficialismo y organismos del Estado, tendrá 45 días para entregar recomendaciones para evitar casos como el de Democracia Viva.
La legisladora oficialista presentó una licencia médica el lunes 3 de julio.
El próximo fin de semana, la colectividad presidida por el senador Juan Ignacio Latorre realizará sus elecciones internas, con las que esperan dar por superada la polémica desatada por los cuestionados convenios entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda, en el que están vinculados sus militantes. Si bien la diputada Pérez tenía pensado lanzar una nómina, el escándalo obligó a sus integrantes a descartarla.
Según explicó la fiscal Carmen Gloria Wittwer, las diligencias efectuados consistieron en la entrada, registro e incautación de documentos.
La audiencia fue programada para el próximo 10 de agosto tras una solicitud realizada por el abogado querellante que representa a diputados republicanos en la causa. De acuerdo con lo expuesto, la presencia de la tienda encabezada por Juan Ignacio Latorre como querellante podría obstaculizar la investigación.
El fiscal nacional dijo que era "posible" que el titular de Desarrollo Social y su par de Vivienda tuvieran que declarar en el marco de la investigación por las transferencias de dineros desde el Estado a organizaciones sin fines de lucro, aclarando que de momento ningún fiscal "ha manifestado que tengan rol que permita atribuirles que tienen algún tipo de participación”. El ministro, en tanto, dijo que “si en algún momento tenemos que entregar más información, lo vamos a hacer sin titubear".
"La situación de Democracia Viva está lejísimos de la situación en la región", afirmó.
Un documento firmado por el exseremi Carlos Contreras (RD) en julio de 2022 sólo exigió un mínimo de seis meses de antigüedad y "experiencia en trabajo socioterritorial" a las nuevas fundaciones que quisieran firmar millonarios convenios con el Minvu de Antofagasta. Además, sugirió que la remuneración de los profesionales a contratar fuera de $ 1.200.000 mensuales.
Luego de una resolución dictada por la Seremi de Antofagasta, la cartera pondrá fin a los tres contratos que suscribió con la fundación ligada a militantes de Revolución Democrática, que tendrá un plazo de 30 días para restituir los fondos.
El documento, que tiene foco en la modernización del Estado, también propone establecer un canal de denuncia de corrupción electrónico y un sistema de protección a víctimas, testigos y denunciantes de corrupción.
