Hace exactos 15 días, la prioridad de la unidad que dirige la abogada Ymay Ortiz estaba radicada en los casos de femicidios y violencia de género en todo el país. Nadie en el sexto piso de la Fiscalía Nacional preveía que cambiarían tan radicalmente las prioridades y tendría que activarse un protocolo urgente para asumir las 840 denuncias de civiles en contra de policías, militares y marinos, cuyos casos más graves han sido caratulados como violaciones a los derechos humanos. La última vez que se denunciaron acusaciones masivas contra agentes estatales fue durante el régimen militar. En ese entonces no existía la fiscalía y quien asumió ese rol, el Poder Judicial, tuvo que hacer -40 años después- un histórico mea culpa por sus omisiones. Hoy, Ortiz sostiene que "tenemos un importante desafío" y garantiza: "Acá no hay espacio para la impunidad".