En una votación estrecha, 9 contra 8, tres de los ministros que rechazaron desaforar al senador UDI en el denominado Caso Penta, por considerar que no se configura el delito tributario para quienes solicitaron boletas y facturas, integran la Sala Penal dónde llegarán en última instancia los casos de financiamiento político.
El Ministerio Público y el SII acusa al senador de emitir boletas ideológicamente falsas para financiar gastos electorales. La defensa en tanto aseguró que las facturas corresponden "en su totalidad a personas que trabajaban en su campaña".
El fiscal Pablo Gómez aseguró que el parlamentario forma parte de lo que la misma defensa llamó como "mafia tributaria".
La medida fue solicitada por la Fiscalía pero respaldada por el mismo senador, quien busca defenderse "en un tribunal independiente".
El senador celebró la decisión tomada por el Ministerio Público en el marco de la investigación por delitos tributarios del caso SQM.
Tras la resolución se espera que el próximo año se realicé el juicio oral en su contra.
Tras la resolución se espera que el próximo año se realicé el juicio oral en su contra.
La Corte Suprema revisaría hoy la ampliación del desafuero por nuevos delitos de fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios. El parlamentario restituyó más de $46 millones al Senado.
La solicitud fue interpuesta por la abogada Orietta Llauca Huala, por los supuestos delitos de injurias graves con publicidad y calumnias.
La querella criminal interpuesta por Llauca Huala en contra del parlamentario se refiere a declaraciones que habría emitido este último en su contra, en los que la calificó de "estafadora" y "evasora tributaria".
Las defensas de Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira, entre otras, están expectantes ante la sentencia que rechazó el desafuero del diputado UDI, la que se conocerá esta semana y definirá que la fiscalía no puede acusar ni llevar a juicio casos en los que no cuente con una acción penal del SII.
El Ministerio Público pedirá prisión preventiva para el desaforado senador en la reformalización. Orpis es investigado por los delitos de cohecho, fraude al fisco y delito tributario.
