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Hasta ahora el mandatario mexicano ha sido blanco de críticas por su lento actuar en el caso de los 43 desaparecidos en Iguala.

Según las autoridades, Abarca y su esposa fueron los que mandaron a la policía municipal de Iguala a perseguir a los estudiantes la noche que desaparecieron.

"Estamos en un momento difícil pero que, por supuesto, tengan la seguridad, que vamos a superar este conflicto, este problema", dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Luego de reunirse con el presidente, Enrique Peña Nieto, Felipe de la Cruz Sandoval, los padres de los estudiantes señalaron que salieron "con la misma noticia de que está en la búsqueda todo el esfuerzo del Estado, pero no tenemos nada".

A más de un mes de las desapariciones, el presidente mexicano se reunirá con los padres de los 43 jóvenes, quienes van a "exigir respuestas inmediatas".

La desaparición de los jóvenes está considerada como una de las mayores violaciones de los derechos humanos de los últimos tiempos en México.

Los jóvenes saquearon algunas tiendas departamentales como parte del plan de acción para exigir la aparición con vida de 43 compañeros desaparecidos.

Después que México destacaba por sus profundas reformas estructurales con la llegada del nuevo gobierno, el país ha vuelto a los titulares por la violencia y las evidencias de fragilidad institucional.

"Dije que si mi separación del cargo ayudaba a resolver este asunto no habrí­a objeción", señaló el gobernador Ángel Aguirre, agregando que "en este escenario de tragedia me niego a que el debate público se centre en si debe permanecer el gobernador en su cargo o no".

La manifestación estuvo integrada por estudiantes, maestros, grupos sindicales y sociales, quienes exigieron que encuentren con vida a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

En tanto, la fiscalía acusa al alcalde de esa ciudad de haber ordenado el ataque contra los jóvenes para evitar que interrumpieran el discurso de su esposa.

Más de 80 cadáveres encontrados, ninguno de los cuales pertenece a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, evidencia el lazo entre las autoridades del sur de México con el crimen organizado.

La recompensa podría llegar hasta los 110.000 dólares a quién entregue información sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos y otra similar por datos que permita identificar a los probables responsables.

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad afirmó que la medida afectará a 12 municipios del estado de Guerrero y en el de Ixtapan de Sal, en el Estado de México.

También se prevén bloqueos de carreteras y la ocupación de casetas de peaje de la turística autopista que conecta Ciudad de México y el balneario de Acapulco.