Es indispensable que quienes recibieron este beneficio en el marco del estallido social y cuentan con antecedentes penales dejen de percibir cuanto antes dicha pensión. La institucionalidad que regula su otorgamiento debe ser objeto de profundas revisiones.
Es preocupante que a estas alturas existan cuantiosos fondos que no han sido rendidos apropiadamente y dudas con aspectos de la organización. El país debe extraer las lecciones de esto para efectos de futuros torneos de talla internacional en que pretende ser sede.
Si bien el Ejecutivo ha buscado allanar las negociaciones retrocediendo en algunas de sus posturas iniciales, la forma en que pretende distribuir los seis puntos de cotización adicional o la figura del autopréstamo son aspectos que no favorecen una buena reforma.
El buen manejo del instituto emisor para salir prontamente del shock inflacionario en que se encontraba el país confirma la importancia de tener una institución constitucionalmente autónoma y de alto perfil técnico.
Sería una irresponsabilidad que el Congreso y los partidos sigan postergando cambios al sistema político, pues el país no puede seguir sumido en la falta de gobernabilidad.
El ministro de Educación decidió que cuatro de los seis SLEP programados para comenzar su implementación lo hagan a partir de enero, desoyendo las advertencias que lo desaconsejaban debido a las falencias que presenta el sistema. Esto representa un riesgo para las comunidades escolares.
La designación de Francisco Vidal en la presidencia del directorio y sus polémicos dichos sobre cómo entiende el rol de la TV pública, han vuelto a reabrir el debate acerca del sentido de contar con un canal de este tipo.
Es irresponsable que en casi dos años el Congreso no haya logrado llenar dos vacantes del TC, algo que debe ser subsanado perentoriamente.
Es fundamental que el Ejecutivo y el Congreso agilicen la tramitación de proyectos fundamentales, como un nuevo ministerio de seguridad, el perfeccionamiento del sistema de inteligencia y las reglas de uso de la fuerza. Ya no hay margen para más dilaciones.
Los cientos de casos que investiga la Fiscalía, y que se extienden por todo el país, obligan a revisar la actual institucionalidad, porque los actuales mecanismos de fiscalización parecen no ser suficientes.
El éxito de las profundas transformaciones anunciadas por el mandatario trasandino dependerán no solo de su capacidad de gestión política ante un Congreso donde no tiene mayoría, sino también de su estrategia para contener el descontento social.
El cierre del tema constitucional debería ser una oportunidad inmejorable para que oposición y gobierno avancen en solucionar las grandes urgencias del país. Lamentablemente, ambos lados están incurriendo en actitudes que complotan contra dicho objetivo.
La regulación propuesta por el gobierno es un paso atrás respecto a las necesidades modernas de transporte público y tendrán un grave efecto en los usuarios y el empleo, algo que todavía puede evitarse.
La distribución que propone el gobierno, donde solo un 2% iría la cuenta individual -la que recién se materializaría hacia fines de la década-, y un punto para financiar las salas cuna, ya adelanta una difícil negociación política en el Congreso.
Tanto el largo tiempo que se ha tomado para aclarar el megafraude que ha quedado al descubierto como un informe del propio SII que habla de un incumplimiento tributario de 6,5% del PIB han sembrado dudas sobre las capacidades fiscalizadoras del Servicio.
