Aun cuando es llamativo que se hayan inscrito solo tres candidatos de pueblos originarios, a partir de ello no cabe cuestionar la legitimidad del proceso mismo, que se ha apegado a los estándares democráticos.
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La liberación de 222 prisioneros políticos -que fueron expulsados del país y privados de su nacionalidad- ilustra la descomposición que ha traído el régimen de Ortega y la necesidad de no debilitar las sanciones.
Es inapropiado que en medio de la emergencia el Mandatario haya puesto sobre la mesa la necesidad de una nueva regulación forestal, generando con ello una innecesaria animadversión y precipitando un debate que requiere de complejos análisis.
A pesar de que urgen definiciones para asegurar que las Isapres no colapsen, las propuestas que hasta aquí ha esbozado el gobierno no terminan siendo del todo convincentes.
La polémica compra de la ex clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago resulta aleccionadora en cuanto a la forma de gestionar los recursos públicos y los estándares de transparencia ante la ciudadanía.
Si bien cabe valorar la agenda del gobierno para mejorar la productividad -fruto de un trabajo público-privado-, llama la atención que no se haya puesto suficiente énfasis en nuevos incentivos a la inversión en innovación, o en medidas para mejorar la educación.
En un contexto de estancamiento o deterioro a nivel global respecto de la salud de la democracia, resulta valioso que Chile muestre altos niveles de solvencia, pero sigue siendo un desafío corregir aspectos del sistema político.
El país debe empezar a internalizar que eventos masivos y altamente destructivos previsiblemente se harán cada vez más frecuentes.
Resulta poco entendible que cuando un cambio de gabinete y ajustes en las subsecretarías ya están asumidos en el oficialismo y son urgentes de llevar a cabo, la decisión siga dilatándose.
La ruptura del eje PS-PPD es un hito que previsiblemente tendrá repercusiones sistémicas en el mapa político.
Es probable que la valoración transversal del mundo político y técnico sobre la responsabilidad fiscal sitúe a Chile dentro del grupo de países que más rápido recupere su equilibrio fiscal después de la pandemia. Pero sabemos que este activo no está garantizado, lo que exige estar alerta.
El hecho de que el juicio en el caso SQM se haya tardado ocho años, ilustra los evidentes perjuicios que conlleva para todas las partes cuando no se juzga dentro de plazos razonables, algo que el sistema judicial no puede naturalizar.
