Aunque tardío, atendida la magnitud de la deserción escolar y pérdidas de aprendizajes, el plan anunciado por el gobierno es un paso positivo para hacer frente a esta tragedia educacional, pero sigue abierta la interrogante sobre los fondos para financiar esta iniciativa.
El hecho de que el número de homicidios haya aumentado más de 30% en 2022, según los registros de la PDI, revela en toda su magnitud el grave problema de inseguridad que afecta al país.
Detrás de las masivas protestas y descrédito de las principales instituciones podrían estar incubándose cambios más estructurales en el modelo político y económico que ha seguido el país.
Hay una serie de riesgos cuando todo el peso de la responsabilidad de un indulto recae sobre el jefe de Estado, por lo que si se decide mantener esta facultad, cabe avanzar hacia un modelo en que, además del Ejecutivo, también intervengan otros estamentos.
Es inexplicable que al proponer una fórmula de autopréstamo, el gobierno no haya anticipado que con ello potenciaría los retiros y abriría flancos dentro de su propia coalición.
Frente a la serie de hechos irregulares que han surgido en torno a la concesión de indultos para condenados en el marco del estallido social y un exfrentista, resulta necesario que el Congreso indague en profundidad los hechos y procure establecer las responsabilidades.
Ante el evidente impacto sistémico que generaría un colapso de las Isapres, extraña que a estas alturas la autoridad aún no entregue definiciones concretas en cuanto a si pretende tomar medidas para al menos estabilizar el sistema.
La enorme dilación para llenar este cargo -algo que sin duda ha perjudicado al Ministerio Público y afecta los intereses del país- ilustra nuevamente los problemas de desprolijidad en la gestión de gobierno.
La asonada insurrecta por parte de partidarios del expresidente Bolsonaro, que abre una serie de dudas sobre las responsabilidades frente a lo sucedido, ilustra los riesgos de la polarización y el descrédito institucional.
Si bien la última encuesta CEP confirma que hay señales de mayor moderación, a su vez constituye un evidente riesgo para la salud de la democracia que el gobierno, el Congreso y los partidos aparezcan tan desconectados de los problemas de la ciudadanía.
La desprolijidad en la forma como el gobierno ha manejado los indultos es el reflejo de un actuar improvisado y carente de buena asesoría técnica, algo que se ha hecho recurrente y que daña al país.
Los resultados de la PAES vuelven a marcar el diagnóstico, pero ahora es peor: ninguno de los llamados liceos emblemáticos está entre los mejores 200 de Chile.
En vez de buscar corregir fallas en los mercados mediante el accionar de empresas públicas, el gobierno debería privilegiar el camino de la regulación.
Es relevante que la autoridad asegure que todos los planteles de educación, independientemente de si son estatales o privados, cuenten con las mismas garantías para acceder a la gratuidad.
Al cuestionar los fundamentos de una sentencia judicial como modo de justificar un indulto, en los hechos el Mandatario ha pasado a llevar potestades privativas del Poder Judicial, lo que sienta riesgosos precedentes.
