No corresponde que la alcaldesa pretenda deslindar la responsabilidad del control de este problema al Ministerio del Interior, cuando ha sido el propio municipio el que ha enviado señales muy equívocas en la materia.
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Es difícil encontrar ejemplos en que mediante actos de presión un gremio logre para sí beneficios fiscales que podrían llegar a US$ 2.300 millones.
Es un paso riesgoso volver a persistir en un bloque que fracasó en sus objetivos esenciales y que nuevamente arriesga repetir el error de priorizar las sintonías ideológicas.
Pese a llegar a un acuerdo sobre el fondo de compensación por pérdidas y daños causados por el cambio climático, que estaba pendiente desde la firma del Acuerdo de París, aún quedan muchas interrogantes sobre cómo operará.
Cualquiera de las alternativas propuestas para conformar el órgano que redacte una nueva Constitución son perfectamente válidas porque recogen de una u otra forma la voluntad popular. La legitimidad del nuevo texto la dará finalmente el resultado del plebiscito de salida.
La ordenanza que restringe la libertad de circulación a menores de 16 años sobrepasa las atribuciones del municipio, pero da cuenta también de un problema social más complejo y profundo que es necesario abordar.
En el actual escenario económico es urgente que las autoridades políticas que participan en el proceso de evaluación de proyectos de inversión dimensionen la responsabilidad que tienen en sus manos y actúen con sentido de urgencia.
La magnitud de la derrota sufrida por el candidato chileno a presidir el organismo plantea dudas sobre los elementos que tuvo a la vista el gobierno al momento de decidir su postulación.
Frente a las presiones de parlamentarios por mayor desembolso de recursos públicos, hay expectación de si el gobierno será capaz de contenerlas o cederá. De ello depende que el crecimiento del gasto en el presupuesto 2023 sea un techo o un piso.
Envía una señal muy contradictoria que el gobierno, en vez de abocarse a reformar la Ley Antiterrorista para hacerla operativa, haya optado por no invocarla, considerando que se trata de una norma necesaria para combatir el flagelo.
Las entidades estatales no pueden pretender ser medidas con estándares de calidad distintos de los que se aplican a las entidades privadas.
Es lamentable comprobar -con ocasión de la tramitación de la Ley de Presupuestos- que en el Parlamento siguen existiendo sectores dispuestos a presionar por mayor gasto sin tener atribuciones para ello, lo que supone un grave daño a la institucionalidad.
Los directores de los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago no pueden eludir la responsabilidad que les cabe en su calidad de tales, por lo que deben prestar toda la colaboración que la justicia requiera para asegurar la sanción a los responsables del vandalismo.
