El gobierno no puede pretender acotar su responsabilidad recurriendo solo a la ampliación de querellas, y la Fiscalía debe responder el por qué las investigaciones sobre la CAM y su líder no registran avances.
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La normativa que establece un “blackout” de 15 días antes de una elección o plebiscito carece ya de sentido, pues ha sido superada por las nuevas tecnologías, y solo perjudica a los electores.
Cabría preguntarse en cuántas democracias desarrolladas se permitiría que una entidad amenace abiertamente al Estado y la seguridad de la población sin mayores consecuencias.
Suponer que las pérdidas no importan, porque las Isapres van a aportar el nuevo capital que sea necesario recurriendo a utilidades pasadas, como ha declarado la ministra de Salud, es desconocer por completo la racionalidad de cómo opera el sistema.
Es un paso valorable que la Cámara de Diputadas y Diputados no haya consentido en suspender la evaluación docente para este año, como pretendía el Ministerio de Educación, lo cual permite dar continuidad a procesos que apuntan a mejorar las competencias pedagógicas.
Las señales de moderación del Mandatario le permitieron sumar una clara mayoría en el Congreso. Mantenerla dependerá de su capacidad de concitar acuerdos y evitar la confrontación.
El paquete de reformas constitucionales comprometido por el oficialismo llega muy a destiempo, y podría jugarle en contra. Pero tiene el mérito de que fija un piso para la discusión constitucional.
El que la Contraloría haya determinado que el ministro de la Segpres no observó la prescindencia en el ejercicio de sus funciones es un hecho de particular gravedad, que La Moneda no puede eludir.
Si bien es necesario hacerse cargo de la pérdida de legitimidad de la norma producto de casos de corrupción, esto debe hacerse mediante los cauces constitucionales y no por medio de artilugios.
El hecho de que parte de las clases deba seguir realizándose vía remota producto del vandalismo es algo intolerable, que exige de parte de las autoridades medidas urgentes.
Es una buena noticia para el país que dentro del oficialismo finalmente se esté concordando en la importancia de mantener este estado de excepción, que el proyecto de nueva Constitución inexplicablemente elimina.
Pese a los enormes desafíos que enfrenta el país en materia hídrica, es lamentable que la propuesta de la Convención debilite varios de los elementos positivos de la actual institucionalidad que regula las aguas y abra flancos de controversia jurídica.
Los fuertes desacuerdos al interior del oficialismo sobre cuáles deberían ser las reformas al nuevo texto constitucional hacen difícil que se logre una propuesta creíble ante la ciudadanía.
