La casa de estudios atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia, no solo financieramente. Sedes tomadas, decanos pidiendo la cabeza de la máxima autoridad y acusaciones de millonarios sueldos envuelven a una institución que busca desesperadamente salir de frágil escenario.
Desde el portal Mifuturo.cl se publicaron las nuevas cifras sobre las condiciones para cada profesión.
El lunes 2 de diciembre, 294 mil estudiantes rendirán la prueba que marcará su camino hacia la educación superior.
A través de sus redes sociales, el Partido Comunista realizó esta semana una declaración pública fruto de los despidos que se viven en algunas casas de estudio, aunque entrometiéndose con ello en el campo de acción de uno de sus ministros. El tema no pasó desapercibido y obligó a Lautaro Carmona a actuar.
La segunda versión del estudio de la Superintendencia de Educación superior sobre salud financiera de las casas de estudio chilenas da cuenta de un aumento en la cantidad de instituciones en una condición crítica, pero una disminución en la cantidad de estudiantes afectados por esto.
En el acta de la pesquisa de la Superintendencia de Educación Superior se establece que las autoridades de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de los Andes "no escucharon las experiencias de maltrato de las estudiantes, sino que insistieron en la actitud de reprimenda y advertencia de los problemas que les traería en caso de injuriar a docentes de los campos clínicos, dando por sentado que las denuncias eran infundadas o falsas”. Meses después, Catalina Cayazaya, entonces estudiante de dicha carrera, se quitó la vida.
Ya sea por estados financieros complejos o situaciones consideradas anómalas, son al menos ocho las instituciones que la Superintendencia de Educación Superior tiene bajo la lupa y que fueron transparentadas a los diputados miembros de la comisión surgida a raíz del millonario salario que percibía Marcela Cubillos como docente.
Un panel internacional convocado por la Subsecretaría de Educación Superior está sosteniendo instancias para desmenuzar el Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) propuesto por el gobierno. Dentro de otras cosas, dicen que debe incorporar un sistema que asegure el reajuste por la inflación, además de sugerir que lo que se ahorre con un nuevo mecanismo sea destinado para becas de manutención. "Es lo que más ayuda a los sectores más empobrecidos a cursar la educación superior”, señalaron.
Más de 40 académicos, expertos y actores relevantes serán parte de la instancia que tendrá directa incidencia en la elaboración de un nuevo marco para la educación superior chilena. El Ejecutivo pretende dejar ingresado un proyecto de ley antes de que acabe esta administración.
La casa de estudios no solo se encuentra enfrentada con el ente fiscalizador por la multa que le aplicó esta semana por aparentes desvíos de dineros a Estados Unidos y acusaciones de lucro, sino que por las medidas exigidas por la superintendencia para cumplir con la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior.
"No es una situación común ni corresponde a remuneraciones que sean mensuales”, afirmó la casa de estudios en una declaración, luego de que la Superintendencia de Educación Superior confirmará que oficiará a la universidad para que entregue antecedentes sobre eventuales sueldos elevados en la entidad educacional.
