Mientras el Clan del Golfo anunció un cese unilateral al fuego, con la intención de entablar negociaciones de paz con el gobierno del mandatario izquierdista, las disidencias de las Farc también se mostraron dispuestas a adoptar la misma medida. Los diálogos con el ELN, en tanto, estarían "por reiniciarse".
Sus dichos se dan luego de que el pasado 28 de julio, durante una visita a Chile, la hoy vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, afirmara que el Jefe de Estado nacional le ofreció que dichas conversaciones se realizaran en Chile.
El grupo guerrillero secuestró a once personas, de las cuales dos murieron, según denuncian, en un enfrentamiento con el Ejército colombiano, institución que descartó absolutamente tener vinculación con el hecho.
En el marco del tercer aniversario del Grupo de Puebla, el expresidente colombiano y uno de los fundadores del foro progresista conversó con La Tercera sobre el avance de los gobiernos de izquierda en América Latina. Dice que ve “con mucho optimismo” la llegada de Gustavo Petro al poder en su país y apuesta a que el probable triunfo de Lula en Brasil signifique un relanzamiento de la integración regional. En el caso de Chile, admite que “seguramente habrá que introducirle ajustes” a una eventual nueva Constitución.
Así lo afirmó Francia Márquez durante un evento en la Universidad de Chile, luego de sostener esta jornada una reunión en La Moneda con el mandatario chileno.
A días de la segunda vuelta, la familia de Rodolfo Hernández iniciará hoy el proceso para que la estudiante sea declarada muerta presunta por desaparecimiento. Sus cercanos culpan del secuestro al ELN, guerrilla que niega su participación en el hecho.
El trauma por el conflicto armado, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y las acciones del M-19 -guerrilla de la que Gustavo Petro formó parte- explican, en algo, la resistencia histórica de los colombianos a los candidatos de izquierda. Sin embargo, el panorama para este sector cambió abruptamente tras el Acuerdo de Paz de 2016. Por lo mismo, no es extraño que el candidato izquierdista sea ahora el favorito para imponerse en las elecciones presidenciales de hoy.
En el departamento colombiano del Cauca se está produciendo una matanza de indígenas que se oponen a las plantaciones de coca, en brutal expansión y protegidas por los grupos armados disidentes de las FARC y paramilitares arraigados en la zona. Más de 16.000 hectáreas de cultivos ilícitos plagan la zona. En medio del conflicto, se encuentra la guardia indígena, un grupo de nativos Nasa que intentan evitar el ingreso de la guerrilla y del narcótico en la zona. El narco y la violencia no dan tregua en Colombia, de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo.
Los sucesos fueron informados por autoridades locales del departamento de Arauca, cercano a la frontera con Venezuela. Debido a los peligros por el fuego cruzado entre los organismos paramilitares, varios líderes de comunidades estarían evaluando desplazar a varias familias, lo que significaría sacar a cerca de 2.000 personas de ese sector.
De acuerdo con las cifras de las Fuerzas Armadas de Colombia, alrededor de la mitad de los 2.350 combatientes del ELN están actualmente en Venezuela, así como un 30% del total de los 2.400 de las disidencias de las FARC. El gobierno colombiano ha denunciado desde hace tiempo que el país vecino otorga un puerto seguro a los rebeldes y criminales, permitiendo el tráfico de cocaína a cambio de una parte de las ganancias. El presidente Nicolás Maduro niega las acusaciones de narcotráfico.
Según el gobierno de Colombia, una de las dos armas usadas en el ataque, que fueron abandonadas en en un edificio cercano, es un fusil que tiene marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela.
El ministro de Justicia Wilson Ruiz hizo el anuncio mientras el presidente colombiano, Iván Duque, mantenía un encuentro con el embajador de Washington en Bogotá.
Así lo confirmó la propia Fiscalía colombiana, al asegurar que dispone de “información” procedente de “los archivos” de Andrés Vanegas Londoño, alías ‘Uriel’, uno de los líderes del ELN, abatido por las fuerzas de seguridad colombianas en octubre del año pasado. La petición de las autoridades ecuatorianas se produjo después de que la revista colombiana ‘Semana’ publicara a finales de enero una serie de archivos supuestamente encontrados en el ordenador de ‘Uriel’, en los que se detallaba un préstamo de 80.000 millones de pesos colombianos (unos 18,8 millones de euros) a la campaña de Andrés Arauz, candidato de la Unidad por la Esperanza (UNES).
Por su lado, el ministro de Defensa afirmó que la inteligencia colombiana ya está al tanto de las intenciones del Ejército de Liberación Nacional.
La notificación del régimen castrista fue considerada por funcionarios del gobierno colombiano como un cambio de actitud después que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó de nuevo a Cuba en una lista de estados patrocinadores del terrorismo.
