El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) es reclamado por la justicia peruana desde finales de 2017, está imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias con relación a contratos concedidos a la empresa Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
El exmandatario deberá comparecer este viernes a las 09.00 (hora local) ante las autoridades de California, después de que una jueza del Tribunal del Distrito de Columbia, haya negado la petición de su abogado, con la que solicitaba a través del referido recurso la suspensión de su detención en Estados Unidos y la posterior entrega a los tribunales de Justicia de Perú.
Estas filtraciones de documentos clasificados provocaron desde la renuncia de un presidente de Estados Unidos hasta conflictos diplomáticos entre países. Los responsables a cargo de ellas enfrentaron distintas consecuencias.
El juez Thomas S. Hixson de San Francisco ordenó al expresidente peruano, que ha estado bajo arresto domiciliario, que se entregue el viernes a los agentes del Servicio Federal de Alguaciles en San José.
El juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, podría ordenar el próximo jueves la detención del mandatario peruano y ejecutar la extradición aprobada por el Departamento de Estado.
El expresidente peruano, que enfrenta cargos de corrupción, había sido solicitado en extradición por Perú en 2019.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California desestimó el pedido de la defensa del exmandatario, por lo que el juez Thomas Hixson ordenó a Alejandro Toledo entregarse este viernes. Sin embargo, habría presentado dos nuevos recursos para evitar su repatriación.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito estadounidensen no acogió la solicitud del exmandatario peruano, acusado en su país de colusión y lavado de activos. La resolución del tribunal da carta libre al juez de la causa, Thomas H. Hixson, para acceder al requerimiento del Gobierno de Estados Unidos de revocar la libertad bajo fianza y detener a Toledo.
María Inés Facuse acaba de ganar una batalla judicial en tribunales en contra de Gloria Jadue, la madre de quien fuera su esposo y que actualmente vive junto a su hijo, el otrora presidente de la ANFP, en Estados Unidos donde está radicado como testigo protegido en el denominado caso FIFA Gate. La mujer acusa a su suegra de haberse quedado con más de $ 100 millones de la venta de un departamento en Concón, en el cual ambas eran dueñas a través de una sociedad. La defensa de la madre del extimonel del fútbol chileno acusa que se está utilizando a los tribunales para resolver un lío familiar y que la querellada de ser traída a Chile nunca será condenada por lo que sería un "sinsentido" la resolución que este jueves adoptó la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
La Segunda Sala del máximo tribunal estableció que se cumplen los requisitos del acuerdo de extradición suscrito entre Chile y los países del Mercosur.
Por medio de una carta, las autoridades estadounidenses solicitaron a México que el líder de “Los Chapitos” fuera extraditado, presuntamente por delitos vinculados al tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana.
Ovidio Guzmán, alias "El Ratón", quien fue detenido en enero en un operativo militar en el que murieron al menos 29 personas, entre ellos criminales y efectivos de las fuerzas de seguridad, es uno de los principales objetivos del gobierno estadounidense, por su papel en el tráfico de drogas a ese país.
La jueza Laurel D. Beeler, de la Corte del Distrito Norte de California, paralizó la repatriación del exmandatario peruano por una semana, pero le brindó la posibilidad de conseguir una suspensión mayor en un tribunal superior de Estados Unidos. Toledo es investigado en su país por delitos de lavado de activos y colusión.
No obstante que el exmandatario peruano ya conoce que la justicia norteamericana aprobó la extradición a su país para que continúen las investigaciones que recaen sobre él por delitos de corrupción, se resiste a la medida. El fiscal Alfredo Rebaza, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones precisó que el proceso de extradición contra Toledo no debe sobrepasar las siete u ocho semanas próximas.
El expresidente está acusado de aceptar unos US$ 35 millones en sobornos vinculados a la construcción de una autopista entre Brasil y Perú. Los fiscales peruanos lo demandaron por confabulación y lavado de dinero y su país busca extraditarlo desde 2018.
