“Iván Mordisco”, cuyo verdadero nombre era Néstor Gregorio Vera Fernández, fue uno de los poderosos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no firmó la paz con el Estado en 2016 y continuó delinquiendo, creando así la primera disidencia de la extinta guerrilla colombiana. Era buscado con una recompensa de 669 millones de dólares para que respondiera por delitos de secuestro, tortura, homicidio y narcotráfico.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, dijo que Luciano Marín Arango, uno de los cabecillas del Frente Segunda Marquetalia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias estaría siendo protegido por el gobierno venezolano, tras resultar herido en un enfrentamiento con tropas cololmbianas.
A la espera de que se ratifique la información sobre el posible deceso del último de los cuatro máximos líderes de las disidencias Farc que se alejaron del proceso de paz y retomaron las armas, la interrogante sobre quién asumiría la dirección de la Segunda Marquetalia asoma entre analistas.
El trauma por el conflicto armado, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y las acciones del M-19 -guerrilla de la que Gustavo Petro formó parte- explican, en algo, la resistencia histórica de los colombianos a los candidatos de izquierda. Sin embargo, el panorama para este sector cambió abruptamente tras el Acuerdo de Paz de 2016. Por lo mismo, no es extraño que el candidato izquierdista sea ahora el favorito para imponerse en las elecciones presidenciales de hoy.
En el departamento colombiano del Cauca se está produciendo una matanza de indígenas que se oponen a las plantaciones de coca, en brutal expansión y protegidas por los grupos armados disidentes de las FARC y paramilitares arraigados en la zona. Más de 16.000 hectáreas de cultivos ilícitos plagan la zona. En medio del conflicto, se encuentra la guardia indígena, un grupo de nativos Nasa que intentan evitar el ingreso de la guerrilla y del narcótico en la zona. El narco y la violencia no dan tregua en Colombia, de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo.
Tras el acuerdo de paz de 2016, el vacío territorial que dejó la antigua insurgencia y la ausencia de muchas de las reformas gubernamentales prometidas impulsaron el surgimiento de nuevos grupos armados. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), estos suman hoy unos 5.000 combatientes.
La alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, pidió a los ciudadanos no realizar actividad física por unos días y dispuso de la red hospitalaria para detectar y garantizar atención a afecciones respiratorias. Las llamas han consumido al menos 10.000 hectáreas y han afectado a la Serranía del Chiribiquete, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Euclides España, conocido con el alias de Jhonier, fue “neutralizado”, dijo el presidente colombiano Iván Duque en una declaración pública. Jhonier era uno de los comandantes guerrilleros que se marginaron del acuerdo con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su nombre está en la lista de terroristas buscados por EE.UU., y el gobierno de Duque ofrecía una recompensa equivalente a unos 755.000 dólares por su paradero.
El senador izquierdista Gustavo Petro sigue como favorito en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de mayo próximo. “Lo más probable es que tengamos una segunda vuelta y puede que Petro pase, pero es menos claro con quién se enfrentará”, señala a La Tercera la politóloga Angélica Bernal.
La exlegisladora, que pasó más de seis años secuestrada por las Farc, anunció que participará en la consulta electoral de la que saldrá el candidato de una coalición de fuerzas de centro.
Breiner David Cucuñame, de 14 años, miembro de la guardia indígena estudiantil, fue abatido a tiros cuando iba a pedir ayuda ante la presencia de grupos armados cerca de su comunidad, en el departamento del Cauca. Colombia ha sido identificado por dos años consecutivos como el país más peligroso para los ambientalistas.
Lawrence Delloye, vástago estadounidense de la excandidata presidencial colombiana, había presentado en 2018 una demanda por los daños causados durante los seis años que su madre estuvo secuestrada por el grupo armado. Delloye y otras víctimas podrían acceder a dicha compensación de manera indirecta a través de fondos decomisados a personas asociadas con estos grupos armados cuyos activos están congelados por Washington.
Los sucesos fueron informados por autoridades locales del departamento de Arauca, cercano a la frontera con Venezuela. Debido a los peligros por el fuego cruzado entre los organismos paramilitares, varios líderes de comunidades estarían evaluando desplazar a varias familias, lo que significaría sacar a cerca de 2.000 personas de ese sector.
