El gobierno reingresó el decreto -el cual ya fue tomado de razón- que permite el despliegue de los efectivos militares y los límites fronterizos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Si bien en su mayoría se hicieron cambios de forma, también se contempló uno de fondo: dejar constancia de que los arrestos deben ajustarse a los tiempos que fija la actual Carta Magna.
El Ministerio del Interior había ingresado el martes la normativa que autoriza el control de las Fuerzas Armadas en zonas de infraestructura crítica, como la frontera. Se espera que se le realicen ajustes, ante el riesgo de no ser visada por el ente contralor.
El Ministerio de Defensa emitió una resolución exenta en que reconoce estos hechos de violencia hacia quienes intentan controlar los incendios desde helicópteros dispuestos para la emergencia. Por lo mismo, se aumentarán los controles para supervisar el traslados de municiones y armas por parte de personal civil.
Durante la jornada de este lunes Contraloría tomó razón del decreto con fuerza de ley enviado por el Ejecutivo para el resguardo de las fronteras por parte de las FF.AA.
Las denuncias fueron cursadas al Ministerio Público.
"Lo que queremos es que las personas se sientan seguras, que cuando exista una alerta de evacuación puedan hacerlo porque es una medida para proteger sus vidas”, destacó la ministra Maya Fernández.
El vicealmirante Pedro Ahrens afirmó que "las instituciones están prestas como siempre a colaborar con todos sus medios polivalentes y sus capacidades para atender los diferentes requerimientos que Senapred hace permanentemente”.
Reforma había sido rechazada el miércoles y pasó a comisión mixta. Requería 89 votos y alcanzó 110.
El general Javier Iturrieta expuso su visión ante la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, donde también planteó que en caso de que se despache del Congreso la reforma, "va a ser necesario un periodo de entrenamiento con Carabineros de forma previa a desplegar nuestras tropas”.
“Las Fuerzas Armadas no son el poder moderador que creen que son”, señaló el mandatario brasileño en la misma jornada en que ratificó en el cargo a José Múcio, quien había recibido críticas por supuestamente infravalorar las protestas que luego estallaron en los asaltos a la capital.
Los ministerios del Interior y Defensa ingresaron las indicaciones que entregan a las Fuerzas Armadas la facultad de proteger ciertos espacios básicos, en situaciones en que se ponga en riesgo la seguridad nacional. La decisión se da en medio de la creciente tensión en la Macrozona Norte producto de la crisis migratoria y de crimen organizado.
Mientras la Fiscalía de Ayacucho inició una investigación por la muerte de nueve manifestantes, los que presuntamente murieron por disparos de soldados, los altos mandos militares de ese país calificaron como “malos peruanos” a las personas que salieron a protestar contra la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Según el diario Folha de Sao Paulo, la campaña de Lula espera poder fijar un plazo máximo para que un militar ocupe un cargo de naturaleza civil y establecer sanciones como pasar a reserva si permanece en ese puesto.
Tanto en las comisiones de Inteligencia y de Defensa de la Cámara de Diputados, los representantes del Ejército, la Armada y la Fach advirtieron que la ministra Maya Fernández nunca fue advertida del robo de información, encapsulando todo en los mandos del EMCO. Por su parte, el capitán que indaga el caso en sede judicial, pidió a la PDI requisar todos los antecedentes que tiene que ver con la estructura de la institución castrense y los contratos que respaldan el sistema informático. También, inició ronda de declaraciones.
"Corresponde ir viendo, investigando qué es lo que está en los correos”, señaló la ministra de Defensa.
