El Ministerio Público comunicó a todos los persecutores del país que aquellas personas que infrinjan el confinamiento quedarán "bajo apercibimiento del art.26 del Código Procesal Penal, para requerir al imputado en un momento posterior”. En caso de reiteración del ilícito, se procederá a formalizar y solicitar como cautelar "al menos la prohibición de salir de la comuna o territorio de la cuarentena".
Según el escrito presentado por Ministerio del Interior a la Fiscalía Nacional, "el balance es que producto de desordenes, riñas, cacerolazos, interrupciones del tránsito y tomas de colegios, 147 sedes de rendición de la PSU en todo el país debieron paralizar el proceso por verse impedido de llevarlo a cabo en razón de estas acciones violentas por parte de la ACES".
Se trata de un listado de desaparecidos a nivel nacional desde el 17 de octubre en adelante, siendo la mayoría de ellos en Santiago. En el detalle están sus nombre, número de cédula y el lugar donde fueron vistos por última vez. Entre ellos, hay un joven peruano de 16 años que desapareció en Santiago centro. Otra que fue vista la última vez en las inmediaciones del Estadio Nacional.
En la conmemoración de los 20 años del Ministerio Público, el fiscal nacional abordó una serie de puntos, incluyendo el caso del persecutor Emiliano Arias, a quien le abrió un proceso de remoción. Abbott también cuestionó que "para algunos delitos ligados a temas de impuestos, de campañas políticas, colusión en mercados o delitos medioambientales, aún se depende de la voluntad de órganos administrativos, que en algunos casos tienen dependencia del poder político".
La máxima autoridad de la Fiscalía Nacional expondrá sobre la situación del suspendido persecutor regional de O'Higgins. Durante la ceremonia, se exhibirán videos de los exfiscales nacionales.
José Luis Pérez Calaf es blanco de una indagatoria en el plazo administrativo luego que su director ejecutivo regional Rodrigo Lazo cometiera un presunto acto irregular al nombrar en un cargo que está bajo su jerarquía a una persona con quien mantendría una relación personal. Se indagará además supuestas prácticas antisindicales a funcionarios de esa zona.
A lo largo de 40 páginas el fiscal nacional, Jorge Abbott, entregó una serie de argumentos que lo llevaron a decidir -por segunda vez en la historia del Ministerio Público- pedir a la Corte Suprema que remueva a un fiscal regional. La Tercera accedió a los detalles del escrito.
La exfiscal de La Araucanía Esmirna Vidal fue destituida por la Corte Suprema en 2005, por negligencia manifiesta en su labor durante el caso del exsenador Jorge Lavandero, condenado por abuso sexual a menores. En 2011 fue elegida notaria de Angol y en 2017 obtuvo el mismo puesto en Temuco, cargo que mantiene hasta hoy.
El fiscal nacional Jorge Abbott decidió iniciar un proceso de remoción contra el suspendido jefe regional de O'Higgins en el marco de la investigación administrativa en su contra. Esto, luego de ser denunciado de presuntas delitos de faltas a la probidad por parte de su subalterno, el también suspendido persecutor Sergio Moya.
Según el Poder Judicial, 54 funcionarios han dado positivo por consumo de drogas, desde 2008. Magistrado declaró ante fiscal.
Instancia buscará registrar los ilícitos contra las personas LGTBIQ+ y asesorar a los fiscales que lleven indagatorias relacionadas a estos hechos.
Según el abogado Javier Jara Müller, que representa al mayor Patricio Marín, éste entregará antecedentes relevantes, entre otros referidos al llamado "Informe 130" de Inteligencia que está en la base del descalabro judicial de Hurácan y que fue entregado formalmente el 26 de septiembre de 2017 y usado por el Ministerio Público para requerir la formalización de ocho comuneros, entre ellos al líder de la CAM Héctor Llaitul. Tres días antes, los dirigentes habían sido detenidos.
"Basados en nuestra experiencia como persecutores, consideramos que la extensión del control de identidad preventivo a mayores de 14 años y menores de 18 será ineficaz para fines investigativos", dijo el fiscal nacional.
La semana pasada los intervinientes del caso accedieron al sumario que terminó con el ejecutivo de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional removido de su cargo luego que cuatro mujeres ratificaran conductas inadecuadas por parte de quien fuera su jefe. Acá los detalles de cada denuncia.
Cuatro de las acusaciones que derivaron en la remoción de su cargo al abogado Luis Torres, exjefe de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, según la resolución, correspondieron a "graves" conductas de acoso sexual. El quinto cargo se refería a consumo excesivo de alcohol en actividades institucionales.
