Aunque en el pasado cuestionó públicamente el liderazgo del fiscal nacional Jorge Abbott, tras asumir la subrogancia de ese cargo, el persecutor de Los Ríos opta por valorar los esfuerzos realizados. Asegura que los funcionarios del Ministerio Público están enfrentando de manera casi crítica la carga laboral y pide mayores recursos.
Este viernes a la medianoche vence el plazo para postular al cargo que Jorge Abbott dejó vacante el 1 de octubre. La carrera en los pasillos del Palacio de Tribunales ya está desatada y los quince aspirantes inscritos ya muestran sus cartas para lograr sortear la primera valla, que es lograr los votos suficientes de los ministros de la Corte Suprema para quedar en la quina desde donde el Presidente Boric deberá elegir su propuesta para el Senado. La mayoría de los interesados son internos, pero en los últimos metros hay externos que están capturando la atención del Congreso y la simpatía del Ejecutivo.
El abogado Juan Agustín Meléndez, fiscal regional de Los Ríos, asumió como fiscal nacional suplente.
Tras las declaraciones del líder de la CAM, quien afirmó que la prioridad de la agrupación "es canalizar la violencia hacia el sabotaje”, el fiscal nacional reiteró que para iniciar una investigación invocando la Ley de Seguridad del Estado se requiere de la acción del gobierno. La CPC, en tanto, interpeló al Ejecutivo para que reaccione “en forma inmediata”.
"La institucionalidad que sea aprobada para el Ministerio Público en el proceso constituyente no puede responder a criterios ideológicos circunstanciales o criterios de ninguna naturaleza que no sean aquellos que provengan de las más absoluta objetividad e imparcialidad”, advirtió el fiscal nacional.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, dictó una resolución que agrupa las investigaciones por eventuales delitos de lesa humanidad que hasta ahora estaba radicada en la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. La máxima autoridad del Ministerio Público ordenó que todo sea indagado por el fiscal regional de la zona Centro Norte, Xavier Armendáriz, y su equipo. El principal motivo, dice, es que la mayor cantidad de causas de violaciones a los DD.HH. ocurrieron en el centro de Santiago, por lo que también permitirá que los fiscales porteños se ocupen de otras causas más importantes que hay en su zona.
Marcela Ríos sostuvo sendas reuniones con los jefes del Ministerio Público y la Contraloría para avanzar en temas que mantienen en común con la cartera que dirigirá apenas asuma el presidente electo, Gabriel Boric. "Se trata de una ronda de conversaciones de trabajo para ocupar intensamente el tiempo antes de asumir el cargo", explicó la autoridad del gobierno entrante.
Según el fiscal nacional, desde el Ministerio Público han detectado "algunos antecedentes que dicen relación con la presencia de ciertos carteles" en le país, por lo que “es directamente posible colegir que están actuando en Chile". No obstante, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, descartó aquella idea y aseguró que se trata de "una relación comercial de compra y venta de bandas nacionales que le compran droga a carteles internacionales,".
El fiscal Eugenio Campos sostuvo que el fallo también comete un error cuando “olvida” otra de las funciones constitucionales más importantes del Ministerio Público, como es la protección de víctimas y testigos. Por lo mismo, pidió que se declare nulo el juicio oral y la sentencia que exculpó al fiscal regional de O'Higgins y "enemigo público" del fiscal nacional, Jorge Abbott.
La Defensoría Penal Pública remitió al Senado una minuta advirtiendo una serie de interrogantes sobre la aplicabilidad de algunos artículos del proyecto que busca amnistiar a quienes fueron imputados en medio de protestas tras el 18-O. ¿Una manifestación social de 1 o 2 personas en una esquina, con cacerolas y dañando una señalética califica? ¿La protesta o manifestación puede haber acontecido en cualquier tiempo, cualquier día y a cualquier hora del período? ¿Califican las manifestaciones acontecidas durante 2020, en horario de toque de queda? Además, apuntan a que hay situaciones en que el imputado "tenga o no tenga fundamentos" podría pedir su libertad.
Abbott descartó la remoción de ambos y tres cargos para decretar la suspensión de los funcionarios -la que ya se cumplió por el tiempo que duró la investigación-: incumplir la cuarentena sanitaria en la Región Metropolitana, permaneciendo más de una hora en el local de comida; utilizar un permiso único colectivo para ir a un lugar con otros fines, vulnerando el Reglamento de Personal para Fiscales del Ministerio Público, y haber ingresado al local sin la “revisión de temperatura establecida como una medida preventiva”, infringiendo otras reglas de la Constitución y el estatuto interno del ente persecutor.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, envió un oficio al general director de la policía uniformada informándole las adaptaciones de protocolos por parte del Ministerio Público. Desde ahora, solo se arrestará a personas que presenten un riesgo a la salud pública, estén en fiestas clandestinas o en aglomeraciones de personas. El resto será sometido a control y su caso será derivado a la Seremi de Salud para la apertura de sumarios sanitarios.
El miércoles comenzará a sesionar una instancia organizada por el Ministerio Público, donde participarán Carabineros, la PDI, la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Servicio de Aduanas. El ente persecutor detectó un preocupante aumento de homicidios, se están cometiendo casi dos asesinatos diarios en Chile, y que en el 62% de las armas usadas por el crimen organizado tienen origen ilegal, entre propias bandas que las comercializan, lo que ha quedado al descubierto en los últimos casos de muertes violentas que se han registrado y que han generado gran impacto, como los disparos a niños en medio de encerronas.
Un total de 437.703 trabajadores dependientes fueron detectados por el SII. De ellos, 400.603 son del sector privado y 37.100 funcionarios del Estado, precisó un comunicado de la entidad fiscalizadora. Los recursos fiscales involucrados alcanzan a US$256 millones.
Según las cifras de la Fiscalía Nacional, entre marzo y el 12 de junio las causas penales por homicidios alcanzaron las 581. En el año pasado, en el mismo periodo, se abrieron 411 indagatorias. Esto implica un incremento del 41%. En cambio, los robos con intimidación bajaron de 16.135 a 15.313 (un -5%) y los robos con violencia de 7.173 a 5.919 ( un -17%).
