"Valoramos la labor que está realizando la Fiscalía Nacional Económica velando por el respeto a la libre competencia, única manera para que todos accedan a productos de la mejor calidad y a igual precio", dijo el timonel de la CPC, Alfonso Swett.
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Si bien en términos generales valoraron las propuestas, indicaron que la actual legislación contempla penas elevadas para los delitos de colusión, algunas de las que no se han aplicado por el poco tiempo de vigencia de la ley.
Litigantes en casos de colusión piden cautela ante la serie de medidas que anunció al gobierno para combatir los denominados delitos de cuello y corbata. Ello debido a que aún no se conocen casos tras la última reforma al sector de libre competencia. En paralelo, persisten las discrepancias por el monopolio de la facultad penal que mantuvo el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía Nacional Económica.
También apunta a aumentar sanciones y multas para delitos tributarios, uso de información privilegiada y divulgación de información falsa. Asimismo considera la creación de la figura del denunciante anónimo.
El organismo de libre competencia caracterizó a la industria en su informe de aprobación de la fusión entre Quillayes y Surlat.
La operación fue aprobada por la FNE en abril pasado, bajo el escenario del traspaso de los activos de Patio al nuevo fondo. Sin embargo, las partes notificaron posteriormente al regulador que el acuerdo ya no sería respecto de los activos, sino sobre la sociedad que los opera.
Las conclusiones de la FNE están contenidas en un paquete de 14 medidas, que responden a cuatro objetivos,entre los cuales se incluye que se introduzca más productos bioequivalentes.
Ahora, la Tercera Sala de dicha corte analizará los antecedentes y emitirá, en los próximos meses, su fallo.
La causa se originó en un requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en enero de 2016, que derivó de la investigación realizada a las empresas productoras de pollos, las que fueron sancionadas por colusión.
Un artículo de la Ley Eléctrica establece que cualquier empresa que tenga participación en el segmento de transmisión eléctrica no puede entrar a otros negocios como distribución o generación. Si bien State Grid no opera directamente, es el mayor accionista de REN, que tiene activos en el área de transporte de energía.
La operación cuyo monto se mantiene bajo estricta reserva se encuentra en una etapa avanzada, pues trascendió que Avis Corp aprobó la transacción, restando sólo restan detalles para su anuncio oficial.
Ello en el marco del requerimiento presentado por la FNE contra el banco, en el que lo acusa de haber excluído arbitrariamente a ambas empresas en la licitación de seguros hipotecarios de 2017.
Esto, considerando que corresponde a una operación de concentración, ya que Karlezi tendría el control exclusivo en caso de tener éxito.
La semana pasada ambas compañías informaron que acordaron realizar una alianza estratégica y que la estadounidense lanzará una oferta para ingresar a la propiedad de Latam.
El TDLC también impuso a la empresa una multa de 0.25 Unidades Tributarias Anuales (UTA) por cada día de atraso en la entrega de los antecedentes.
