El ente contralor estableció que "el acoso sexual o laboral se despliega en muchas ocasiones en un contexto al margen del público, por lo que los citados audios o capturas de pantalla pueden ser uno de los pocos -sino el único- medios a los que se puede recurrir a fin de probar las anotadas conductas de acoso".
Este pronunciamiento responde a una inquietud presentada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), por la aplicación del criterio establecido por la Dirección del Trabajo por el adelantamiento y extensión de las vacaciones de invierno.
De acuerdo a un reporte del Servicio Civil a diciembre de 2021, unos 86 mil trabajadores de la administración central -excluyendo al personal de Salud- están realizando sus funciones de manera presencial, otro 17,1% está en un sistema de turnos y solo el 8,9% restante sigue de forma completamente remota. Por repartición se muestra que los ministerios de Defensa (96,7%) y Justicia (86,2%) tienen los mayores niveles de retorno, mientras que en la vereda contraria se ubican Ciencias y Tecnología, con un 49,4%, y Mujer y Equidad de Género, con 51%.
Un informe del Servicio Civil muestra que durante las últimas semanas ha aumentado la cantidad de funcionarios públicos (sin contar el área salud) que está yendo a las oficinas.
Sobre el retorno de los funcionario, la ministra del Trabajo, explicó que cada jefe de servicio, deberá tomar medidas de acuerdo a la realidad de cada ministerio y así determinar quién puede retomar su actividad.
"Hasta finalizar el mes de mayo" -y no durante abril, como se había dicho inicialmente-, se extiende ahora el plan retorno de unos 60 mil funcionarios, calcula Alejandro Weber, que están teletrabajando. Admite que el Consejo Asesor COVID-19 "dijo que debían revisarse los plazos. Y lo que señalamos anoche es precisamente extenderlos". ¿Qué pasa si declinan volver a sus oficinas, como pidió la ANEF? " Esperemos el desenlace de esta semana. Estoy seguro que tendremos un retorno ordenado", dice.
Parlamentarios solicitarán pronunciamiento del organismo con el fin de que se aplique la ley y, por tanto, se les descuenten los días no trabajados en los servicios paralizados.
La iniciativa considera a la administración pública, Congreso Nacional, Poder Judicial y empresas públicas.
El tribunal remitió a la Cámara de Diputados su informe sobre el proyecto de ley que establece la tutela laboral para empleados fiscales.
Presidente de la asociación, Carlos Insunza, sostiene que las cifras "arrojan errores metodológicos" y que en la medición, a diferencia de la de 2017, fueron consideradas las incorporaciones en Carabineros y la PDI.
"Siempre hemos dicho: los funcionarios públicos no son funcionarios de los Gobiernos de turno, son trabajadores del Estado de Chile", señlaó el diptuado Tucapel Jiménez (PPD).
De acuerdo a Dipres, al cierre del año pasado la dotación del Estado en esta modalidad llegó a las 183.929 personas, casi 50 mil más de los que había al cierre de 2013. En el total de los empleados del gobierno central, en el gobierno anterior se crearon casi 20 mil puestos fiscales más que los generados en el primer gobierno de Piñera.
Oficio del ente de control fue requerido por ChileCompra para acelerar la gestión de pagos. Castigos por incumplimiento van desde amonestación hasta destitución del funcionario público responsable.
El ex diputado envió un mensaje el viernes pasado a todos los parlamentarios advirtiéndoles que fiscalizará si hay personas designadas por "pitutos".
A la administración de Piñera le corresponderá implementar la parte más sustantiva de las 9 leyes que establecen incentivos monetarios para impulsar la salida de los funcionarios públicos. En total, los montos de estas medidas llegan a US$3.190 millones.
