En el 2007 se le revocó a la docente su certificado por una negativa de la Iglesia Católica en razón a su orientación sexual y nunca más pudo ejercer. En abril de 2022 la Corte declaró culpable al Estado de Chile por la violación a los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la vida privada, y al trabajo.
