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El Tribunal Constitucional (TC) declaró que los requisitos para las instituciones que se sumarán a la gratuidad son inconstitucionales y se considera que tiene "discriminación arbitraria" como planteaban los 31 diputados que presentaron el requerimiento. Quizá el punto más sensible para el gobierno. Pese a ello, se rechazaron los cuestionamientos a la fórmula para asegurar los recursos. "Quieren frenar la gratuidad, no lo van a lograr", dijo la presidenta Bachelet.

Hoy 18 instituciones y organizaciones de la sociedad civil expusieron sus argumentos a favor o en contra del requerimiento que impugna la gratuidad vía presupuesto. Mañana será el turno tanto del gobierno como de la oposición para presentar sus alegatos ante el TC, en una jornada clave para el futuro de la glosa que beneficiaría a 200.000 estudiantes. El 23 de diciembre es la fecha límite para conocer el fallo.

Si bien Hacienda asegura que se mantendrán los montos destinados a educación en el presupuesto, persisten dudas respecto al mecanismo que se utilizará para cubrir los gastos de los jóvenes que accedan al pago total de sus estudios.

Ministra Delpiano dijo que se está analizando un sistema de becas para dar inicio a la gratuidad en 2016. Valentina Saavedra, presidenta Fech, y Nicolás Fernández, vocero de las privadas Confech, acusaron una "falta de horizontes" del gobierno y de "escuchar a los sectores más conservadores".

Jamil Salmi, uno de los consultores de educación superior más reconocidos del mundo, plantea que los cambios al sistema universitario pueden terminar favoreciendo a las capas más altas de la sociedad chilena. Además, señala que no existen experiencias comparables a la reforma que se pretende realizar y que se debe terminar con la incertidumbre.

En 2011, el sociólogo estaba en contra de la gratuidad universitaria. Hoy cree que se avanza por un buen camino.

"Lo que nos comprometimos lo estamos cumpliendo", dijo la Presidenta tras promulgar el texto que termina con el lucro, el copago y la selección.

Pese al lapsus en el que dijo que "ninguna universidad del Estado tiene menos de cuatro años de acreditación", el ministro de Educación señaló que se trabaja en aumentar la acreditación de las universidades Utem, Arturo Prat y de Los Lagos.

La ex ministra de Educación criticó el inicio de la gratuidad sólo en Ues del Cruch y CFT e IP acreditados y sin fines de lucro.

La medida fue anunciada ayer y comenzará a regir a partir de 2016.

Acción Educar simuló los montos que recibirían los planteles por alumnos, si se usara una universidad modelo.

La Tercera tuvo acceso al informe de sugerencias, de más de 100 páginas, que confeccionó el organismo internacional.

Vicepresidente del Cruch dijo que "equivale a generar otro endeudamiento en los estudiantes".

Los diputados gremialistas cuestionaron la medida que evalúa el Mineduc, en la cual se le cobraría un impuesto a los profesionales de más altas remuneraciones para alcanzar la gratuidad universal en educación superior.

El tributo sería para los profesionales de más altas remuneraciones y por un período de años. El proyecto contempla terminar con el lucro en los CFT e IP y regular los lazos con entidades relacionadas en las universidades.