Exautoridades de Hacienda y economistas creen que es clave que el nuevo titular de las finanzas públicas tenga un gran respaldo político de parte del Presidente, solidez técnica y gran credibilidad en el mercado, y altos grados de flexibilidad y capacidad negociadora para un complejo periodo de gobierno que se avecina. Además, consideran importante que el nuevo ministro arme un buen equipo de trabajo y tenga una correcta performance comunicacional.
Los parlamentarios de oposición afirmaron que el gobierno se debe abrir a nuevas fuentes de financiamiento para garantizar la sostenibilidad fiscal de la propuesta. Entre ellas mencionaron que se puede revisar más exenciones tributarias o bien avanzar con cambios al royalty, y con ello asegurar recursos permanentes.
En un informe enviado al Congreso, el Consejo Fiscal Autónomo entregó una serie de recomendaciones para que el gobierno las pueda implementar y con ello hacer viable financieramente de esta propuesta.
Se trata de una modificación que introduce un gravamen independientemente de que sea financiero, inmobiliario o empresarial. Así, el patrimonio entre US$5 millones y US$22 millones pagará una tasa de 1,5%, mientras que si está por sobre US$22 millones tendrá una tasa de 2,5%. El Ejecutivo realizó reserva de constitucionalidad.
Esto porque, según la ley aprobada en junio de 2021, se fijaron dos escenarios para que el monto se reajustara de manera automática condicionado al crecimiento de la actividad económica. El primero fijaba un monto de $345 mil, mientras que el segundo el de $350 mil brutos.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, espera que este miércoles la instancia pueda despachar en particular la propuesta para que pueda ser analizada por la sala de la Cámara. Mientras que su par de Hacienda, Rodrigo Cerda, enfatizó nuevamente en que los recursos están asegurados.
El proyecto de ley que entrega una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $185 mil para el 80% de la población más vulnerable, donde también se extenderá parte de ese monto para quienes estén entre el 80% y el 90% fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados pasando así al Senado.
En relación al financiamiento del proyecto, la autoridad reconoció que ha habido más debate y que el gobierno está abierto a conversar, negociar y “eventualmente mejorar lo que haya que mejorar”.
De manera unánime de los que estaban presentes, esto es 138 a votos a favor, los diputados aprobaron la iniciativa del gobierno. Sin embargo, varios de los legisladores manifestaron que la discusión del proyecto de exenciones y del financiamiento en general será un tema que se debe analizar con mayor tiempo. Este martes, la Comisión de Hacienda de la Cámara analizará el proyecto de exenciones tributarias.
Desde el gobierno explican que, con el proyecto, las personas que tengan una pensión autofinanciada de hasta $630 mil recibirán este aporte estatal de $185 mil.
"En la medida que implementemos buenas políticas públicas, podemos ser optimistas respecto a lo que viene el próximo año", dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.
Más allá de esta seguridad que existe en el Ejecutivo, las dudas están instaladas. Por ello, ante la solicitud de varios parlamentarios de oposición, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) revisará el proyecto y sus fuentes de financiamiento. Se espera que envíe un informe próximamente.
El director del Centro UC de Estudios y Encuestas Longitudinales sostiene que "las buenas prácticas muestran que los proyectos de ley deben incluir en un mismo proyecto su financiamiento, y no hacer uno donde estén los gastos y otro el financiamiento". No obstante, añade que esta discusión no debe ser excusa para no avanzar con esta iniciativa.
Tras las dudas que surgieron sobre los recursos permanentes para este proyecto, los legisladores afirmaron que se debe estudiar con detención las fuentes de financiamiento que entregó Hacienda. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguraron que el detalle se entregó en la discusión en la Comisión de Hacienda cuando se aprobó la iniciativa.
